Guadalajara, Jal, 5 de marzo.

Mineras protegidas por grupos armados continúan la explotación ilegal de minerales –sobre todo hierro– en el sur de Jalisco y trasladan las rocas en camiones desde el territorio nahua de Ayotitlán para triturarlo y embarcarlo en el puerto de Manzanillo, Colima, aseguró Jaime Hernández Lamas, abogado del consejo de mayores de los nahuas del ejido de Ayotitlán y Hernández.

El también integrante de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara explicó que a pesar que desde 2012 existen denuncias de la actividad ilícita de las minas, en la actualidad todas siguen trabajando, pasan los camiones llenos de material a todas horas.

El representante visitó hace unos días la zona centro del municipio jalisciense de Cuautitlán de García Barragán, que colinda con Michoacán y Colima. Señaló que aunque el lunes autoridades federales decomisaron miles de toneladas de mineral y aseguraron maquinaria ligada a grupos del crimen organizado en Lázaro Cárdenas, la ruta de Manzanillo sigue operando sin problemas, según atestiguó el abogado y activista universitario.

Los indígenas de Ayotitlán, ejido que abarca parte de la sierra de Manantlán, considerada reserva de la biosfera, denunciaron desde 2012 el saqueo y han presentado denuncias ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Procuraduría General de la República, pero el problema continúa.

Hernández Lamas dijo que él presentó una denuncia en agosto de 2012 por el saqueo imparable de minas como Piedra Imán, Cañada Verde o Roble Ancho, y la presencia de grupos armados que protegen los embarques y amenazan a los indígenas que se oponen.

Jesús Hermenegildo García, presidente del Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, presentó otras dos denuncias en mayo, una de ellas ante la PGR, por encargo de las poblaciones afectadas.

El único resultado hasta hoy es que varios líderes nahuas fueron amenazados por hombres armados que acudieron hasta sus hogares, lo que hizo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pidiera medidas cautelares a la policía de Cuautitlán y la estatal para garantizar la integridad de los indígenas.

Las minas fueron reabiertas a finales de junio, luego de que sujetos armados recorrieron las casas de los líderes nahuas opositores al saqueo y advirtieron a los lugareños que quien se opusiera sería levantado.