urante los meses pasados la prensa ha estado llena de denuncias sobre las negligencias médicas y la mala calidad de los servicios públicos de salud. Esto demuestra que la calidad y oportunidad de los servicios de salud es una temática importante. También revela que la población empieza a exigir sus derechos.
Los datos sobre la calidad y la cobertura de los servicios preventivos y de atención médica generados, por ejemplo, por la Encuesta Nacional de Salud y la más reciente evaluación externa del Seguro Popular, muestran un panorama muy preocupante. Así un porcentaje importante de la población percibe una mala calidad de la atención y refiere maltrato durante la atención médica. La cobertura de vacunación en niños ha bajado ligeramente desde 2006 y es para el esquema tradicional alrededor de 80 por ciento y mucho más baja para rotavirus y neumonía. En el mismo grupo un alto porcentaje de las infecciones respiratorias agudas y las diarreas no son atendidas por personal de salud.
Por otra parte, existe un porcentaje alto, 20 por ciento, de complicaciones durante el parto, a pesar de que el número de consultas prenatales se ha incrementado. Estos hechos hablan de una inadecuada atención y explican, junto con la falta de infraestructura y personal, los magros resultados de abatimiento de la mortalidad materna.
Para alcanzar la Meta del Milenio en 2015, la mortalidad materna debería haber bajado 6.7 puntos anualmente, cuando en realidad sólo bajó 1.32 puntos al año durante los pasados 10 años. Otro indicador encontrado sobre la salud de las mujeres es que las pruebas de detección de cáncer cervicouterino y de mama en los grupos vulnerables están por debajo de las recomendaciones.
De esta manera 44.3 por ciento de las mujeres de 25 a 65 años se hizo una prueba de Papanicolau durante el año pasado, mientras 15 por ciento de las de 40 a 49 años y 26 por ciento de las de 50 a 69 años pudieron realizarse una mastografía.
Respecto de las enfermedades crónicas más importantes, diabetes e hipertensión, la encuesta de salud encontró que 23 por ciento de los adultos de 20 años o más se realizó una prueba de glucosa y 28 por ciento la medición de tensión arterial durante el año pasado. El seguimiento de la evolución de la enfermedad y sus complicaciones en las personas con el diagnóstico de diabetes fue muy insatisfactorio. Así, sólo 4.8 por ciento se realizó una prueba de daño renal (microalbuminuria), el porcentaje con revisión de pies fue de 14.6, muy por debajo de la norma, mientras la prueba indicativa de un control adecuado, la HbA1c, no alcanzó 10 por ciento.
El deficiente seguimiento y control de la diabetes se refleja en las complicaciones reportadas: una visión disminuida (47.6 por ciento), daño en la retina (13.9) y pérdida de la vista (6.6); úlceras 7.2 por ciento de los pacientes y con amputaciones 2 por ciento; infarto, 2.8; 1.4 con diálisis, y 2.9 por ciento reportó haber padecido un coma diabético. En cuanto a la hipertensión, 73 por ciento tenía tratamiento y 76 se medía la presión al menos una vez por mes.
Al margen de las graves limitaciones del Sistema Universal de Salud
, supuestamente basado en servicios integrados con énfasis en la prevención y promoción, es evidente que la posibilidad de que tenga un impacto real en las condiciones de salud de los mexicanos depende de una renovación institucional profunda.
El tema principal no es cómo definir y costear el paquete único de servicios y organizar la administración de los fondos de salud para que puedan comprar servicios a sus eventuales afiliados a múltiples prestadores, públicos y privados. El problema de fondo es que los servicios públicos y privados no están funcionando con una lógica que garantice el cumplimiento de su cometido de garantizar la atención oportuna e igual a todos los mexicanos y con ello contribuir a mejorar las condiciones de salud en el país.
No deja de sorprender entonces que el nuevo titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secrtaría de Salud, el doctor Eduardo González Pier, sea economista de la Universidad de Chicago y ex presidente ejecutivo de Funsalud. Es experto en la economía neoclásica-neoliberal de la salud y participó en la formulación del Seguro Popular y trabajó como director de finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el sexenio pasado. Es, de esta manera, co-responsable de las pésimas condiciones en las que se encuentran hoy las instituciones públicas de salud. Ocupa a todas luces este puesto para afinar y hacer operativo el modelo mercantil del Sistema Universal de Salud
y no para asegurar un sistema de servicios de salud oportunos y de calidad.
