Durango, Dgo., 5 de marzo.

Ejidatarios de La Victoria, municipio de Pueblo Nuevo –a unos 100 kilómetros de la capital de Durango–, interpusieron un amparo ante el Tribunal Agrario contra la indemnización que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pretende entregarles por las tierras donde se construyó el tramo del kilómetro 97 al 111 + 800 de la autopista Durango-Mazatlán. El decreto de indemnización indica un pago de sólo 7 mil 806 pesos por hectárea.

Juan Alberto Hernández Huízar, comisario ejidal de La Victoria, señaló que la notificación de la indemnización llegó apenas el 19 de febrero, pese a que fue emitida el 20 de diciembre de 2013.

Según la Ley de Expropiación, los afectados cuentan con 10 días hábiles para ampararse contra el decreto de indemnización, y el plazo vence este jueves. El decreto dice que las tierras son de agustadero, cuando todos saben que La Victoria es un ejido ciento por ciento forestal, y esas tierras también, señaló el comisario ejidal.

La construcción del tramo de 14 kilómetros afectó una granja y un camino que usan los ejidatarios para sacar madera del bosque. Los lugareños debieron pagar la apertura de otro camino suficientemente amplio para que salgan camiones cargados de madera.

Hernández Huízar señaló que los daños causados por la obra y los gastos para el nuevo camino suman más de los 480 mil pesos que pretenden pagarles por las 60 hectáreas; por ello la asamblea ejidal acordó ampararse contra la indemnización.

El precio de 7 mil 806 pesos por hectárea fue calculado por el Instituto de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales, pero nunca lo informó a los ejidatarios.

Juan Alberto Hernández dijo que en febrero llegaron indemnizaciones para los ejidos vecinos El Brillante, Mimbres y José María Morelos (Coyotes), entre otros, pero sólo los ejidatarios de Coyotes estaban preparados para ampararse porque les pagan a un peso el metro cuadrado.

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Expropiación, cuando se controvierta el monto de la indemnización un juez fijará a ambas partes tres días para que designen peritos, y si no lo hacen el juez los nombrará. También se deberán designar de común acuerdo un tercer perito para zanjar eventuales discrepancias.