El Poder Ejecutivo federal presentó ayer una iniciativa de ley para ampliar los mecanismos alternativos de solución de controversias y privilegiar la participación de los ciudadanos en los distintos procesos mediante la voluntad de las partes.

Se busca, por esa vía, reducir los costos y tiempos de los procesos, disminuir la saturación en las cárceles y concentrar los recursos del estado en la investigación y detención de los delincuentes que más lastiman a la sociedad.

Así lo expuso el presidente Enrique Peña Nieto al turnar ayer al Senado el proyecto de Ley de Medios Alternos de Solución de Conflictos, el cual rubricó en el mismo acto donde promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En el capítulo donde se contempla la posibilidad de acuerdos reparatorios, la iniciativa prevé su procedencia cuando se trate de delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de la parte ofendida; delitos culposos, o delitos patrimoniales cometidos sin violencia

Entre las consecuencias favorables de disponer de un ordenamiento de este tipo, según los redactores del proyecto, está la aplicación de mecanismos para matizar el carácter punitivo del derecho penal en los casos no graves y sin necesidad de llegar a juicio e imponer prisión; privilegiar la reparación del daño; promover la transición del sistema de justicia penal; despresurizar las causas penales del sistema mixto-inquisitivo, y establecer las bases para una exitosa instrumentación del sistema de justicia penal acusatorio.

Pero al mismo tiempo, la propuesta mantiene la obligación del Ministerio Público de ejercitar acción penal desde el momento en que en la averiguación previa obren datos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sin que exista posibilidad de un medio alternativo de solución de conflicto.

Además de incluir en el articulado el principio fundamental de confidencialidad en estos procesos, la iniciativa divide en cinco los métodos alternativos para la solución de este tipo de conflictos: disposiciones comunes de los procedimientos, mediación, conciliación, procedimiento restaurativo y acuerdos.

En la exposición de motivos de la iniciativa se resalta que la dogmática penal centrada en la figura del agresor y por ende en el castigo, se ha convertido en la confección de un derecho penal que busca a toda costa perfeccionar científicamente los medios para determinar la existencia de la conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Frente a ello, se indica también, la política en seguridad y justicia del Estado mexicano no puede ser sólo punitiva, porque de mantenerse así se olvida el origen mismo del delito como un conflicto que puede tener un sinfín de causas, consecuencias y soluciones.

Durante el presentación pública del proyecto, el presidente Peña Nieto resumió el sentido del mismo y su vinculación con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Éste, bajo el principio de publicidad, dará transparencia a los juicios penales disminuyendo la discrecionalidad y propiciando la legalidad en el actuar de los involucrados en el sistema de juisticia.

A través de la iniciativa de Ley de Medios Alternos, puntualizó, se prevén figuras para solucionar conflictos mediante acuerdos reparatorios, mediación o conciliación, y evitar que se llegue a una pena de encarcelamiento.