Nueva York, 4 de marzo.

Un juez federal de Estados Unidos dictaminó hoy que la sentencia emitida en 2011 por la justicia de Ecuador que obliga a la petrolera estadunidense Chevron a pagar una multimillonaria multa por daños ambientales en regiones amazónicas de ese país no deberá ser acatada debido a que, consideró, se produjo mediante hechos de corrupción.

El juez de distrito de Nueva York Lewis Kaplan afirmó que encontró evidencia clara y convincente de que el abogado estadunidense Steven Donziger y sus homólogos de Ecuador presentaron pruebas fraudulentas, escribieron la sentencia ellos mismos y coaccionaron a un juez de la localidad ecuatoriana de Lago Agrio con la promesa de otorgar medio millón de dólares para que fallara a su favor.

Las comunidades indígenas ecuatorianas acusaron a la petrolera Texaco –adquirida en 2001 por Chevron– de verter aguas contaminadas en su territorio y causar daños en la salud de sus habitantes durante los años que operó en la Amazonia, entre 1964 y 1992.

La batalla fue ganada en 2011, cuando la justicia ecuatoriana sentenció a la empresa a pagar 18 mil millones de dólares. El año pasado fue confirmada la sentencia pero redujo el monto que Chevron debía pagar a 9 mil 500 millones de dólares.

Los abogados de los ecuatorianos afectados anunciaron que apelarán del ilegítimo fallo de Kaplan, que impide a las comunidades amazónicas hacer cumplir la sentencia de la justicia ecuatoriana y no podrán cobrar la indemnización en tribunales de Estados Unidos, ya que la empresa no cuenta con activos en Ecuador.

Chevron podría usar el fallo para defenderse de las demandas fuera de Estados Unidos, en tanto que los ecuatorianos impulsan varios procesos en otros países, como en Canadá y Brasil, para que se ejecute la sentencia.

Juan Pablo Sáenz, del equipo de abogados ecuatorianos, dijo que esta es una sentencia injusta e ilegítima y que el juez Kaplan no tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos ecuatorianos.

Chevron niega responsabilidad en los daños que se le adjudican y asegura que Texaco cumplió con la reparación ambiental que le correspondía. Señala que el desastre ambiental fue causado por la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio.