A dos años de que el derecho humano a la alimentación quedó establecido en la Constitución, no hay ley reglamentaria y es preocupante que no haya una iniciativa para el actual periodo de sesiones en el Congreso, señaló Eduardo Benítez, representante adjunto de la FAO en México.

Agregó que la Cruzada Nacional contra el Hambre debería generalizarse, aunque como estrategia focalizada pone énfasis en la población de mayor rezago. Actualmente, en el país hay alrededor de 27.4 millones de personas con dificultad para acceder a la alimentación, de los cuales 7.1 millones viven en pobreza extrema y carencia alimentaria, de acuerdo con datos oficiales.

En conferencia de prensa en el contexto del foro La reglamentación del derecho a la alimentación en México, organizado por Oxfam, el funcionario de la FAO sostuvo que es preocupante e inquietante que en las políticas públicas no se refleje mucha intencionalidad de cumplir con el derecho a la alimentación.

Consideró que la ley reglamentaria se debe orientar a acabar con la pobreza rural, y mientras esto no se vea habrá una política inacabada. Además, planteó que se debe reorientar el gasto público hacia las zonas marginadas, ya que gran parte de los subsidios se orientan a productores de mayores recursos.

Por su parte, Carlos Zarco, director de Oxfam México, consideró que la ley reglamentaria debe incluir el impacto del cambio climático en la producción de alimentos, el apoyo a mujeres productivas y a la agricultura familiar.

Oxfam estimó que en seguridad alimentaria en el país los esfuerzos se han orientado por conducto de programas sociales para combatir el hambre, pero garantizar el derecho a la alimentación de los mexicanos debe ser una política de Estado que trascienda a cualquier secretaría, poder o instancia gubernamental. Consideró que se requiere legislar con la finalidad de crear las estructuras necesarias para instrumentar una estrategia a largo plazo que logre mejorar la situación alimentaria nacional.

Agregó que se deben establecer mecanismos claros para que la ciudadanía pueda exigir su cumplimiento, así como incluir una visión de sustentabilidad frente a los fenómenos climáticos y favorecer el desarrollo de grupos vulnerables.

Entre sus recomendaciones están que debido a que 81.3 por ciento de las unidades económicas rurales en México son consideradas de pequeña agricultura, se le debe dar una mayor inversión. Entre sus ventajas está que no sólo garantiza el derecho de los campesinos a producir sus propios alimentos, sino la disponibilidad y accesibilidad de suficientes alimentos de calidad para el resto de la población. Debe asegurarse que los apoyos al campo sean dirigidos a este tipo de agricultura y se cuente con la infraestructura, tecnología y recursos necesarios para su impulso.