El contralor general del Instituto Federal Electoral (IFE), Gregorio Guerrero, sostuvo que los recursos públicos “no deben utilizarse para obtener beneficios que perjudiquen la economía del país, obtener moches por hacer favores, efectuar viajes innecesarios a costa del erario, autodesignarse sueldos y prestaciones que son una bofetada para quienes tienen carencias de lo elemental, avanzar transando, en fin, dilapidar recursos que no son propios”.

Durante la presentación de su libro Modelo de una Contraloría General en un órgano constitucional, Guerrero cuestionó a quienes desde la profunda ignorancia consideran que las auditorías sólo interrumpen y obstaculizan las labores de las instituciones, pues es una postura tan grande e ingenua como considerar que a punta de manuales vamos a disminuir la corrupción.

Guerrero reivindicó el esquema de designación del contralor del IFE porque al dotarlo de autonomía frente al auditado, puede realizar su función libremente y hacer señalamientos administrativos sin que su permanencia laboral esté en juego.

Aludió a las complicaciones para imponer sanciones, que con frecuencia, independientemente de su alcance –destitución, inhabilitación, reparación del daño–, resultan poco efectivas para inhibir la comisión de actos de corrupción, pues la complejidad que entraña el procedimiento para la sanción permite que tanto particulares como servidores públicos involucrados diluyan los recursos ilegalmente obtenidos.

El consejero presidente del IFE, Marco Antonio Baños, coincidió en que este esquema que involucra a la Cámara de Diputados en la designación del contralor tiene ventajas que favorecen su operación, al punto de que ya ha sido reproducido en otras instituciones.

Coincidió con la propuesta del contralor general de que la prescripción de procedimientos por irregularidades administrativos se eleve de tres a cinco años, para equipararlos con los plazos que rigen en otras instancias similares.

El responsable de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, consideró fundamental la función de la Contraloría General en el IFE, pues este organismo es responsable de dar viabilidad política al país y estabilidad democrática, lo cual requiere de un referente de confianza en la sociedad.

Guerrero señaló que para nadie es un secreto la presión que supone para un titular de un órgano de control interno la presentación de auditorías y ya ni hablar de la determinación de una destitución, inhabilitación o cualquier imposición de sanciones administrativas.

Aseguró que el contralor asume que en el desempeño de su función resulta inevitable y prácticamente consuetudinaria la confrontación con el auditado. El auditor no está para ser amigo del titular de la institución, sino para decirle las cosas delicadas o riesgosas.