El campo vigoroso y renovado que el gobierno prometió tras la reforma al artículo 27 constitucional y a la Ley Agraria –hace más de dos décadas– provocó migración de más de 3 millones de agricultores, abandono de 12 millones de hectáreas –porque el crédito y los beneficios de los programas con mayores recursos se concentra en menos de 10 por ciento de los productores–, caída en los precios de maíz y sorgo, aumento galopante de la renta de la tierra y más de 35 mil hectáreas de propiedad social utilizadas para desarrollo urbano.

También causó que 70 por ciento de la población rural viva en pobreza patrimonial y casi la mitad en pobreza alimentaria, así como dependencia en las importaciones de alimentos.

Es el panorama que persiste en el campo más de un año después de que Enrique Peña Nieto asumió el poder y que mañana será presentado en Colima al Presidente por representantes agrarios, en lo que se prevé será el inicio de la instalación de mesas de negociación o foros regionales para la denominada reforma profunda del campo.

Está en vilo la participación del Frente Auténtico del Campo (FAC) y del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc). El primero condicionó su asistencia a que el gobierno cumpla con 10 criterios básicos, los cuales fueron entregados a la Secretaría de Gobernación.

El Conoc demanda que las autoridades den señales claras de disposición de terminar con las políticas anticampesinas.

Defensa del ejido

La mayor inquietud del FAC, el Conoc, el Congreso Agrario Permanente (CAP) y el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) es la intención existente en altos niveles gubernamentales –según versión de los dirigentes campesinos– de empujar una nueva reforma a la Ley Agraria para desaparecer a los ejidos y comunidades con el argumento de estar pulverizados y ser improductivos.

El 6 de enero de 1992 se formalizó la reforma al artículo 27 constitucional, con la cual se puso fin al reparto agrario, se eliminó a ejidos y comunidades el carácter de invendibles, inembargables e imprescriptibles, y permitió legalmente que las sociedades mercantiles o empresas, por acciones, sean propietarias de predios 25 veces mayores a los señalados para la pequeña propiedad, es decir, tener superficies de 2 mil 500 hectáreas de riego, 20 mil de bosque e incluso 312 mil para explotación ganadera.

En entrevistas por separado, los representantes de esos bloques campesinos –que aglutinan 30 organizaciones nacionales– aseguraron que defenderán la existencia de los 31 mil ejidos y comunidades y a sus 5.6 millones de sujetos de derecho, así como a los 3.8 millones de jornaleros, 2.4 millones de avecindados y 1.4 millones de posesionarios.

Advirtieron que no permitirán que empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y China sigan apropiándose de las tierras campesinas, pues en los últimos tres gobiernos se les entregaron 98 millones de hectáreas.

José Jacobo Femat, representante del Conorp, aseveró que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable es adecuada para lograr un campo diferente, pero los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación han sido omisos en aplicarla; han favorecido al gran capital.

Víctor Suárez Carrera, del Conoc, sostuvo que el compromiso del gobierno debe ser terminar con los monopolios en la agricultura, dar certidumbre en la comercialización de las cosechas a precios remunerativos, cancelar las concesiones mineras y prohibir la siembra de maíz transgénico, entre otros aspectos.

José Durán Vera, coordinador del CAP, dijo que las demandas serán, entre otras: infraestructura hidroagrícola en el centro y el sur del país, construcción de bodegas, incremento de los subsidios y modificación de los programas para que los recursos sean entregados a los pequeños y medianos campesinos.

El FAC demandó que la autoridad se comprometa a respetar la propiedad social y asegurar que en la agenda estará la creación de una empresa pública que participe en el acopio y la comercialización de las cosechas.

Aunque la Confederación Nacional Campesina es parte del CAP, su dirigente, Gerardo Sánchez, expondrá que los legisladores de la agrupación están listos para llevar a cabo los cambios que se requieran para hacer más competitivo el agro.