a sangrienta revuelta que provocó la caída del presidente ucraniano Víktor Yanukovich y su remplazo por un gobierno interino pro occidental ha desembocado ya en un grave conflicto internacional: las autoridades de Crimea, república ucrania autónoma cuya población es mayoritariamente rusa, se han rebelado contra las autoridades provisionales de Kiev, Moscú envió tropas adicionales a esa península en el Mar Negro, donde cuenta con una importante base naval –ubicada en Sebastopol–, el régimen encabezado por Arseny Yatseniuk interpretó el hecho como una declaración de guerra, el gobierno estadunidense suspendió sus relaciones militares con Rusia y el depuesto Yanukovich pidió a Vladimir Putin que envíe tropas a Ucrania para restaurar el orden jurídico.

La comprensión de lo que realmente ocurre en la ex república soviética se ve empañada por dos factores: por una parte, la sistemática distorsión de los hechos por los grandes medios internacionales y, por la otra, la complicada sedimentación histórica de conquistas, secesiones, limpiezas étnicas, arreglos entre poderes imperiales y derrumbes institucionales que configuran el actual panorama político, social y demográfico de la Ucrania actual.

El caso de Crimea es ilustrativo a este respecto: ocupada en 1475 por los turcos, en alianza con los tártaros, y conquistada por el imperio ruso en el siglo XVIII, esa península fue posteriormente objeto de la llamada Guerra de Crimea (1854-1856) entre Rusia y una coalición franco-británica respaldada, además, por otomanos y piamonteses. Tras la revolución bolchevique, Crimea pasó a ser un bastión de las fuerzas anticomunistas, apoyadas por estadunidenses, turcos, británicos y franceses. Derrotados los invasores y los ejércitos blancos, Crimea fue proclamada república socialista autónoma (1921). Posteriormente, las fuerzas hitlerianas invadieron el país y recibieron la colaboración de los tártaros. Tras la liberación del país y la derrota definitiva del Tercer Reich, Stalin cobró venganza a su manera: deportó a la gran mayoría de la población tártara, repobló la zona con rusos y degradó a la república autónoma a la condición de región. En 1954 Nikita Krushov transfirió el control del país a Ucrania, la cual era, por entonces, una de las 16 repúblicas soviéticas. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, en 1991, la población de Crimea decidió recuperar su condición de república autónoma y dotarse de una constitución, pero las decisiones correspondientes han sido desconocidas por las autoridades de Kiev.

Una situación semejante se presenta en otras provincias el este y del sur de Ucrania, en las que la población rusa es mayoritaria o conforma la primera minoría, simpatiza con el pro ruso Yanukovich y rechaza el proyecto de los actuales gobernantes de integrar el país a la Unión Europea y a la OTAN, proyecto que cuenta, sin embargo, con amplio respaldo en el occidente del país y en la capital.

Tanto las potencias occidentales como Rusia han intervenido para apoyar a los bandos que les son favorables y no han vacilado en exacerbar las confrontaciones entre la población, no necesariamente por afanes democratizadores –como alegan los funcionarios estadunidenses y europeos– ni para proteger a connacionales –como argumentan los gobernantes rusos–, sino para favorecer los intereses geopolíticos de sus respectivos bloques.

Esta explosiva combinación de factores adquiere hoy tintes alarmantes por cuanto está conduciendo a una escalada de las tensiones internacionales que podría desembocar en una confrontación bélica de dimensiones y consecuencias incalculables. Resulta imperativo, pues, que las potencias mundiales dejen de atizar el conflicto ucraniano, se limiten a contener a los bandos sobre los que ejercen influencia, saquen, por lo demás, las manos de la ex república soviética y permitan que sean los propios ucranios los que resuelvan, en paz, sus diferencias y construyan una institucionalidad capaz de gestionar las diferencias en un marco de convivencia y civilidad.