egún el gobierno y sus voceros extranjeros, Venezuela enfrenta ahora un intento de golpe de Estado fascista y proimperialista. Según los conservadores de todo el mundo y la prensa del gran capital, estaríamos ante legítimas protestas democráticas de masa, duramente reprimidas por una dictadura socialista. La realidad es otra.

Un golpe de Estado es imposible dado que las fuerzas armadas –incluso el sector más conservador de las mismas y los militares integrados en la boliburguesía– apoyan la llamada revolución bolivariana; es decir, un proyecto nacionalista y distribucionista con apoyo popular, un capitalismo de Estado apoyado en la renta petrolera y envuelto en una retórica socialista, un intento de dirección vertical, paternalista y burocrático de la economía que intenta asentar al gobierno en una movilización de las mayorías y sólo considera marginalmente las ganancias de los capitalistas. Aunque en vida de Hugo Chávez el gobierno trataba mucho más de erguirse por sobre las clases fundamentales pero apoyándose en los trabajadores, todavía hoy el aparato estatal, en el que el factor más sólido son las fuerzas armadas, pese a sus virajes y a su creciente conservadurismo, sigue siendo nacionalista popular.

Lo que presenciamos es la movilización desestabilizadora del sector venezolano dirigido por Leopoldo López, del partido opositor Voluntad Popular, que está estrechamente ligado al Tea Party, a la extrema derecha estadunidense y mundial, a la oposición colombiana y sus representantes militares y paramilitares dirigida por Álvaro Uribe. Dicho sector no acepta la táctica de la mayoría de la oposición dirigida por Capriles que reconoce que el gobierno es legal y cuenta con un apoyo mayoritario pero espera recoger en un futuro próximo el descontento popular por la carestía, la inflación, la escasez y la inseguridad y cambiar a su favor la relación de fuerzas sociales aplicando demagógicamente un chavismo sin Chávez.

Los fascistas dirigidos por López y financiados por Estados Unidos y Uribe no pueden esperar dos años hasta la realización de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro (que, además, temen perder como perdieron las elecciones anteriores). Sus movilizaciones desestabilizadoras buscan presionar a la tendencia conciliadora existente desde hace rato en las filas gubernamentales y al ala más conservadora de los militares para lograr o un gobierno de unidad nacional al que se incorporasen políticos proimperialistas o grandes empresarios, o un gobierno técnico-militar, lo cual, en ambos casos, significaría el fin de la revolución bolivariana. Esos sectores fascistas saben que en las fuerzas armadas existen sectores integrados en la boliburguesía y otros que temen y reprimen al movimiento obrero aplicando la idea stalinista de que toda huelga obrera independiente del gobierno socialista es contrarrevolucionaria y por eso acabaron a tiros con la huelga de los trabajadores de la Mitsubishi.

El gobierno de Maduro está desconcertado y, entre otros errores, pasó de calificar de fascistas y agentes de Washington a todos los opositores sin excepción, incluidos los que simplemente son conservadores, están engañados o protestas con motivos concretos, a ceder a la presión del ala del chavismo encabezada por el ex vicepresidente José Vicente Rangel, persona muy honorable pero conciliadora, quien propuso e impuso un diálogo prácticamente incondicional con las fuerzas sociales de la derecha al cual concurrieron los sectores empresariales pero que fue rechazado por los partidos de la oposición. Este alternarse entre las amenazas y acusaciones verbales de Maduro y las necesarias medidas gubernamentales destinadas a separar el centro derecha de la extrema derecha, le quita autoridad al presidente y deja a las bases chavistas en la incertidumbre política.

Evidentemente, ni los empresarios creen posible un golpe que sólo contaría con posibilidades de éxito si fuese respaldado por una invasión desde Colombia o de los marines y que llevaría a la guerra civil con resultados muy inciertos, ya que uniría a la mayoría de los venezolanos contra los agresores ni los trabajadores quieren esa guerra.

De modo que la negociación política se impone, pero no a cualquier costo, pues las conquistas sociales y los gérmenes de poder popular no sólo son irrenunciables sino que también deben ser urgentemente consolidados y ampliados como única garantía para la defensa de la soberanía popular y del país y como única vía para salir de modo positivo de esta crisis económica y política.

Los gobiernos de Brasil y de Cuba, en particular, con el apoyo de Bolivia y Ecuador y el tibio sostén argentino y uruguayo, tratan de ayudar al gobierno venezolano a capear la crisis económica y de contrarrestar la presión oficial de Washington a favor de la oposición ultrareaccionaria pero Maduro, por sus oscilaciones y por sus declaraciones místicas, no es una figura muy popular ni siquiera en esos países, donde Chávez contaba en cambio con gran respaldo. Para colmo, hay una seria amenaza en el futuro, ya que Estados Unidos podría lograr en cuatro años la autosuficiencia en combustibles y el petróleo venezolano ya no le resultaría imprescindible. Por lo tanto, la garantía de la revolución bolivariana y de la apertura de la vía para avanzar hacia el socialismo consiste en la movilización de los trabajadores, su actividad independiente, el desarrollo de las experiencias de poder popular y la alianza entre ellos y los más democráticos en las fuerzas armadas para enfrentar los intentos de alianza entre la vieja burguesía y la boliburguesía. Una vez más, como en el Chile de Allende en los setenta, para consolidar hay que avanzar.