El gobierno mexicano deberá entregar y dar a conocer el destino de los recursos multimillonarios que adeudan a miles de ex braceros, quienes por más de 50 años han esperado el pago de su fondo de ahorro, señalaron viudas e hijos de ex trabajadores, quienes aseguraron que las administraciones priístas y panistas han utilizado todos los mecanismos burocráticos y políticos para encubrir un fraude contra miles de jornaleros.

El conferencia de prensa, Porfirio Martínez González, abogado y representante de 2 mil 559 quejosos, informó que el pasado 18 de febrero les fue concedido el amparo definitivo contra el gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, por el juez de Distrito, Rodrigo Mauricio Zerón de Quevedo, quien ordenó informar a los afectados y sus familiares sobre el destino de 10 por ciento de su salario retenido por el gobierno de Estados Unidos para la integración de un fondo de ahorro, en el periodo de 1942 a 1964, como parte del programa de braceros.

Destacó que el plazo para demandar un recurso de revisión vence el próximo martes, y si no se impugna, el presidente Peña Nieto deberá acatar la decisión del juez, o de lo contrario podría ser destituido e inhabilitado, por lo que reiteró que el Estado mexicano debe asumir su compromiso con los afectados y entregarle sus recursos.

Rosa Martha Zárate, representante de la organización de ex braceros, informó que se trata de montos multimillonarios que por décadas el gobierno mexicano se ha negado a pagar, y que en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se pretendió dar por saldado con el pago de un apoyo social de 38 mil pesos.

Aseguró que 150 mil ex braceros recibieron estos recursos, pero se les exigió que copiaran un texto en el que renuncia de una vez y para siempre al cobro de su fondo de ahorro. Se trata, dijo, de personas que con dificultad saben leer y escribir, y no comprendemos cómo el gobierno mexicano incurre en este tipo de engaños, cuando lo que se está denunciado es una página de nuestra historia que ha querido ser silenciada.

Aún se adeuda el apoyo social a 40 mil ex trabajadores que han cumplido con los requisitos para acreditar su labor en Estados Unidos en el periodo de vigencia del programa. Sin embargo, subrayó, esto no implica que renunciemos al pago de los recursos retenidos, y que con intereses suman un fondo multimillonario.