La inclusión de los productos del tabaco en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) puede ser un riesgo para la política nacional que busca abatir el consumo y evitar enfermedades y muertes causadas por el mismo, advirtieron organizaciones civiles.

Comentaron sobre las demandas interpuestas por la industria tabacalera en Australia y Uruguay al amparo de acuerdos comerciales, para evitar la puesta en marcha de medidas para que las cajetillas de cigarros sean genéricas (sin logotipos ni colores distintivos) y aumentar el tamaño de las advertencias sanitarias.

El juicio en Australia, interpuesto por la empresa Philip Morris, se inició en 2011 y se estima concluya en 2016 o después. La denuncia fue examinada por el tribunal superior del país y ahora por el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversor y Estados (SCIE), el cual forma parte del acuerdo comercial entre Australia y Hong Kong. La tabacalera, explicaron las agrupaciones sociales, busca obtener millones de dólares por reparación de daños.

En Uruguay, la filial de la misma empresa inició en 2010 una demanda con base en el acuerdo de inversión entre Suiza y el país sudamericano para evitar la decisión de este último de aumentar el tamaño de las advertencias sanitarias en los cigarros y limitar las diferencias en cada marca de éstos.

La Fundación Interamericana del Corazón, Comunicación Diálogo y Conciencia (Codice) y la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento) comentaron que Uruguay tomó tales medidas luego de que la industria tabacalera intentó eludir la prohibición de usar términos engañosos en sus productos, como light, suaves o bajos en alquitrán, entre otros.

Calcularon que el proceso que también se lleva a cabo en SCIE se prolongará hasta 2015, a pesar de que el fabricante de productos del tabaco perdió el juicio en el tribunal superior de Uruguay.

Con base en estos y otros antecedentes a escala internacional, las organizaciones que impulsaron la creación de la Ley General contra el Tabaco y el cumplimiento de los compromisos contraídos por México en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, enviaron sendas cartas a los titulares de las secretarías de Economía, de Salud y de Relaciones Exteriores a fin de solicitar la exclusión de los productos del tabaco del TPP.

Advirtieron que es alto el riesgo de que las empresas incurran en abusos a partir de los tratados, ahora del TPP y sus cláusulas de SCIE. Los procesos arbitrales interpuestos al amparo de este mecanismo socavan la soberanía de las naciones en su derecho de protección a la salud de sus ciudadanos, dijeron.

Juan Núñez, coordinador de Aliento, resaltó que las demandas y las amenazas de presentarlas, retardan años la aplicación de disposiciones de salud pública, lo cual es aprovechado por la industria tabacalera para continuar la inducción de nuevos consumidores de sus productos. Señaló que la resolución de estas disputas queda fuera de los sistemas jurídicos de los países, pues la decisión de controversias recae en tres árbitros, de los cuales sólo uno es neutral y no hay proceso de apelación.