El 24 de octubre de 2000 una funcionaria de la Secretaría de Gobernación (SG) recibió una denuncia en la cual se señalaba que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Luis Palma Salazar, El Güero, y Arturo Martínez Herrera, El Texas, habían urdido un plan para escapar del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, ubicado en Jalisco; sin embargo, no se dio seguimiento a esa advertencia, revela el tomo número XXI de la causa penal 16/2001 con base en la cual se inició proceso penal en contra de más de 50 servidores públicos de ese penal, conocido como Puente Grande o de Occidente.

Se menciona en el expediente que Leonardo Beltrán Santana y Dámaso López Núñez, entonces subdirector de seguridad interna y hoy uno de los candidatos a suceder a El Chapo, participaban y fomentaban la red de corrupción en ese centro penitenciario.

En el documento, que fue entregado por la Procuraduría General de la República (PGR) al juez José Mario Machorro Castillo para que librara las órdenes de aprehensión y luego siguiera el proceso penal correspondiente, se menciona a los procesados por los delitos de evasión de preso y cohecho.

Aunque su nombre fue mencionado en la acusación penal y fue indiciado por cohecho, en las investigaciones de la PGR Dámaso López Núñez no fue considerado el principal operador de El Chapo en su fuga, sino Francisco Javier Camberos Rivera, empleado del área de mantenimiento del Cefereso número 2, conocido entonces como Puente Grande. Ahora se le denomina Occidente.

Estrategia de corrupción

El expediente, del cual posee copia La Jornada, revela la eficacia de la estrategia de corrupción que construyeron El Chapo, El Güero y El Texas. Los documentos judiciales refieren:

“El mismo director, Leonardo Beltrán Santana, la fomentaba (la corrupción) o hacía caso omiso para erradicarla, pues con iguales patrones de conducta se conducían el subdirector administrativo, Miguel Ángel Garcés Villegas, y los subdirectores de seguridad interna Juan Castillo Alonso y Dámaso López Núñez (El Lic), considerado por la agencia antidrogas de Estados Unidos como uno de los hombres más importantes del cártel de Sinaloa, y encargado de las operaciones de lavado de dinero.

De tal suerte que en el departamento de producción de alimentos supuestamente cinco mujeres aceptaron prostituirse dentro del penal, y otros siete servidores públicos aceptaron sobornos.

“Cuando los sobornos no eran aceptados por algún servidor público (...) los internos Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis El Güero Palma y Arturo Martínez imponían la otra forma de control del penal consistente en la violencia”, refiere el expediente.

Tras la fuga y la integración de la averiguación previa, se menciona que otro dato importante que aportaron los custodios y funcionarios que sirvieron de testigos de la PGR fue que “en el Cefereso 2 se encontraba interno Manuel Morales Galván, acusado de delitos contra la salud y salió libre el 25 de octubre de 2000, pero un día antes de recuperar su libertad denunció el plan que habían diseñado Joaquín Guzmán Loera, Héctor Luis Palma y Arturo Martínez Herrera para evadirse.

Esta denuncia al parecer fue recibida por la licenciada Sandra Ortega Rivas, al parecer funcionaria de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, en el Distrito Federal (el director era entonces Enrique Pérez Rodríguez, quien nunca fue procesado), de la SG, señala.

La PGR ejercitó acción penal en contra de 51 servidores públicos del Cefereso 2, entre ellos el director del penal y varios subdirectores.

De la denuncia que revelaba el plan de El Chapo para fugarse, la PGR sólo señaló en su expediente que tomando en cuenta los datos anteriores que ya obran en la averiguación previa PGR/UEDO/01/2001, se advierte claramente que la evasión de Joaquín Guzmán Loera obedeció a un plan diseñado con mucho tiempo de anticipación, que comprendía como objetivo primario lograr el control del penal mediante dos estrategias: el soborno a todo tipo de servidores públicos y el sometimiento violento al servidor público que no aceptara (...) En estas estrategias participaron activamente los servidores públicos y el director Leonardo Beltrán Santana, señalan los documentos del proceso 16/2001.