or medio de un comunicado, la cancillería de Ecuador rechazó ayer el informe anual 2013 sobre derechos humanos publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que Washington formula señalamientos críticos en contra de ese país sudamericano y de otras naciones, como Cuba, Venezuela, Siria y China.
El gobierno de este último país, a su vez, publicó ayer mismo, como lo ha hecho en años recientes, un informe en el que se documentan violaciones a derechos humanos cometidas por Estados Unidos, situación que coloca a Washington, según las autoridades del país asiático, como el mayor violador de los derechos humanos de los no estadunidenses
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Las reacciones de Quito y de Pekín constituyen en sí mismas contrapesos favorables a la tendencia estadunidense a erigirse en referente moral de la defensa humanitaria a escala mundial, y de emplear el tema de las garantías individuales como instrumento político para interferir en los asuntos internos de otros países, difamar la imagen de otras naciones y procurar sus propios intereses estratégicos.
Los señalamientos de la cancillería ecuatoriana y de las autoridades chinas resultan particularmente certeros al señalar la doble moral característica del régimen de EU, cuya vocación histórica de agresión, barbarie, injerencismo y arrogancia imperial lo han convertido en el mayor violador de los derechos humanos en el mundo.
Las cruzadas bélicas emprendidas por la Casa Blanca y el Pentágono contra Afganistán e Irak durante la administración de George W. Bush, así como los programas de espionaje político masivo operados por el gobierno de Barack Obama, son dos de los ejemplos más claros e inmediatos de esa conducta, cuyo ejercicio ha significado el deterioro sostenido de la vigencia planetaria de los derechos humanos.
Debe recordarse que, en el contexto de estas agresiones militares –que costaron la vida a decenas de miles de civiles inocentes–, el propio Bush recomendó desconocer las directivas vigentes en materia de prisioneros de guerra, y otorgó con ello margen de maniobra a sus milicias y funcionarios civiles para secuestrar y torturar a todos aquellos que fueran catalogados de manera discrecional como combatientes enemigos. Los atropellos de Washington a las garantías individuales en esas guerras no sólo sucedieron fuera del territorio estadunidense: dentro de él, el gobierno de Washington vulneró las libertades de sus propios ciudadanos, y legalizó el espionaje telefónico, la intercepción de correo electrónico, la apertura clandestina de correspondencia y la sustracción de documentos personales.
La administración Obama, por su parte, no sólo no pudo revertir esa estela de atropellos internacionales contra las garantías individuales –un caso emblemático es su fracaso en clausurar el centro de detención estadunidense en Guantánamo–, sino también continuó y profundizó las tradicionales políticas intervencionistas, hegemónicas, ilegales y, a fin de cuentas, violatorias de los derechos humanos que caracterizaron a su antecesor, como quedó demostrado con las filtraciones realizadas por el ex contratista de Seguridad Nacional Edward Snowden.
Con tales antecedentes, queda claro que Washington carece de la calidad moral necesaria para erigirse en ejemplo y juez en materia de derechos humanos y que la vigencia de éstos en el mundo difícilmente podrá alcanzarse mientras persistan ejercicios de hipocresía como los reportes elaborados por el Departamento de Estado.
