Al clausurar el seminario sobre Gobernanza global y cambio constitucional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el jurista Diego Valadés indicó que la separación de poderes cada día se diluye en mayor medida.

Manifestó que al Estado le ha resultado altamente funcional el procesamiento legislativo de un frente internacional que acaparan y monopolizan los gobiernos.

Consideró que se incurre en una contradicción al darle el mismo nivel en el orden constitucional a elaboraciones normativas que proceden de un sistema democrático representativo y a las que proceden del sistema democrático delegativo.

Lo anterior porque los Estados nacionales resuelven de una manera muy mañosa. Citó como ejemplo la reforma de 2011 en cuestión de derechos humanos en México, en particular el segundo párrafo del artículo primero, donde se establece que las normas en este rubro se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todos estamos muy contentos con esto y se dice que ya no hay jerarquía que ponga por encima de la Constitución los tratados, sino que forma parte de un bloque de constitucionalidad, pero ocurre que en el decreto correspondiente se modificó el artículo 89 constitucional –el cual establece que son facultades del Presidente de la República dirigir la política internacional, celebrar tratados, etcétera, y le agregaron: así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos tratados– con el candado de que lo debe someter al Senado.

Pero qué fenómeno, afirmó, el presidente se reserva el derecho de iniciativa cuando con relación a la Constitución tienen ese derecho todos los diputados y senadores y un solo señor puede (ahora) modificar con el apoyo de la mayoría que tenga en una sola cámara (del Congreso). Ya no necesita a la otra, ni mucho menos del resto del sistema revisor de la Carta Magna.

También dijo que ha surgido una nueva forma de legislar al ponerse de acuerdo distintos jefes de Gobierno. Por ejemplo, agregó, una decena de presidentes en América Latina puede modificar la estructura constitucional de los Estados nacionales, sin necesitar ya mayorías calificadas en los congresos ni un mandato popular.