Un juzgado federal ordenó la libertad y absolvió de todos los cargos que les imputó la Procuraduría General de la República (PGR) a Miguel Ángel Colorado González, ex coordinador técnico de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada (Seido), y a Antonio Mejía Robles, ex agente ministerial de la misma subprocuraduría, quienes fueron detenidos en 2008 como parte de la fallida Operación Limpieza.

Ese gran operativo realizado al inicio de la administración del ex presidente Felipe Calderón implicó la detención de varios funcionarios de PGR y de otras dependencias de seguridad pública, entre ellos al ex titular de la SEIDO, Noé Ramírez Mandujano (ya en libertad), a quienes se acusó de proteger a los líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La autoridad judicial resolvió que no hubo pruebas que acreditaran los dichos de nueve testigos protegidos que acusaron a los ex funcionarios de proteger a los hermanos Beltrán Leyva.

El juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de Jalisco da a conocer que dentro de la causa penal 250/2008-III, y de su acumulado 22/2011 del juzgado tercero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, que dictó sentencia absolutoria en favor de los procesados Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González, a quienes se les seguía proceso por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y contra la salud, difundió ayer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una tarjeta informativa.

Durante el sexenio calderonista, la PGR acusó penalmente por lavado de dinero a la familia de Miguel Colorado González (a su esposa y a sus dos hijos), actualmente prófugos de la justicia.

El juez desestimó las acusaciones de nueve testigos protegidos de la PGR contra los ex funcionarios, quienes les imputaron proporcionar informes a los hermanos Beltrán Leyva de los movimientos y las acciones que llevarían a cabo corporaciones federales y militares, en contra de dicha organización criminal.

El impartidor de justicia también dictó sentencia absolutoria a Colorado por el delito de lavado de dinero en la modalidad de adquirir bienes, y depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con el conocimiento de que son productos de una actividad ilícita.

Los ex funcionarios de la Seido abandonaron ayer el penal federal de Occidente, ubicado en Jalisco.

En sus argumentos de libertad el juez consideró que las imputaciones contra los ex mandos de la subprocuraduría carecen de valor probatorio, pues durante el juicio se acreditó que testigos protegidos como Jeniffer no se condujeron con la verdad y declararon hechos que no les constaban de manera directa.

Varias pruebas aportadas por la PGR fueron desvirtuadas con base en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que fueron obtenidas de manera ilícita.

En total 13 ex funcionarios fueron llevados a cárceles mexicanas por el caso de la Operación Limpieza, y ya sólo queda en prisión el capitán Fernando Rivera, ex militar subordinado a Colorado y quien recibió beneficios de un testigo colaborador de la PGR.