Guadalajara, Jal., 26 de febrero.

La fuga de Joaquín Guzmán Loera el 19 de enero de 2001 fue posible debido al autogobierno que imperaba en el penal federal de Puente Grande, en esta entidad. Esa situación irregular fue denunciada desde por lo menos un año antes por casi una decena de custodios, quienes ante presiones –incluidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– se fueron retractando, y al final sólo tres se sostuvieron en sus acusaciones.

Según consta en los archivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), los custodios Felipe Leaños Rivera, Javier Vázquez Rolón, Julián Ríos Peralta y Salvador Moreno Chávez, entre otros, acudieron a dicha institución para denunciar que se les hostigaba con el fin de obligarlos a integrarse al círculo de corrupción que imperaba en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, en Puente Grande.

“Todas las quejas se integraron bajo un solo expediente porque eran relativas al mismo caso (...) Todas del modus operandi al interior del Cefereso 2 para dar desde los altos mandos del penal un trato de privilegio a algunos internos vinculados a actividades del narco”, afirmó en entrevista Guadalupe Morfín Otero, quien era entonces presidenta de la CEDHJ.

En las quejas, los denunciantes advirtieron del poder fáctico de Guzmán Loera y otros presos en Puente Grande; introducían celulares, zapatos, vinos, carne seca, dulces, vitaminas, mujeres y bandas de música sinaloense.

El custodio Ríos Peralta denunció que el 29 de octubre de 2000, al terminar su servicio diurno como oficial de prevención, fue abordado por otro custodio, Miguel Ángel Godínez Cárdenas, para tratar un asunto muy importante con él.

La cooperación que le pedían a cambio de una gratificación mensual era permitir a los internos Guzmán Loera, Arturo Martínez Herrera, El Texas, y Héctor El Güero Palma tener celulares y hacer fiestas, y le aseguraron que no había riesgo para él porque existía línea para hacerlo.

Guadalupe Morfín explicó que todo el expediente fue turnado por la instancia que ella presidía a la CNDH, pero este órgano, encabezado entonces por José Luis Soberanes, siempre argumentó que se trataba de un caso laboral, por lo que rechazó atenderlo.

No era un asunto laboral sin más, sino una ola de corrupción casi generalizada en el interior del penal de alta seguridad que llegó a representar un peligro para los custodios que no se plegaban a la corrupción general, explicó Morfín.

“La semana del 15 al 19 de enero de 2001, previa a la fuga, y tras la visita de dos quejosos preocupados por la actuación de los visitadores de la CNDH, volví a solicitar ayuda del ombudsman nacional para resguardar la integridad de aquéllos. Me pidieron hacerlo por escrito y lo hice. Pero también pedí ayuda a las autoridades federales”, agregó.

Pero ni siquiera en abril de 2001, días antes de que Morfín concluyera su periodo en la CEDHJ, obtuvo respuesta clara cuando en una reunión nacional de organismos de derechos humanos en Puebla pidió a la CNDH que nos expresara que había hecho con las quejas a lo largo de 2000.

Cuando los visitadores de la comisión nacional visitaron el penal intimidaron a los custodios para que se retractaran porque la CNDH no podía ofrecerles garantías de seguridad.

El 15 de mayo de 2007, Felipe Leaños Rivera, quien se mantuvo hasta el final en sus señalamientos contra las autoridades del penal que estaban coludidas, desapareció cuando se dirigía a su trabajo (conservó su puesto de servidor publico en Puente Grande después de la fuga de El Chapo).

Los temores de Morfín por la seguridad de los quejosos se hicieron realidad fatalmente en mayo de 2007, cuando el principal denunciante, Felipe Leaños Rivera, desapareció sin dejar huella. Su camioneta apareció cerca de su casa.

Era líder de un grupo de servidores públicos honestos que buscaron el apoyo de la autoridad, afirmó Morfín.