Colima, Col., Los ambientalistas Esperanza Salazar Senil y Gabriel Martínez, integrantes de la organización Bios Iguana, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presuntas agresiones y amenazas de muerte de la delegada de la Procuraduría Agraria (PA), María Elena Díaz Rivera, y de Carlos Soulé, secretario de la dependencia. En un comunicado, los denunciantes, quienes pertenecen a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, aseguraron que Díaz Rivera los acusó de presionar a comuneros de Zacualpan, municipio de Comala, quienes se oponen a la instalación de una mina, así como de extorsión, robo y cultivo de mariguana en dicha localidad. Rema y la Organización MiningWatch Canadá, con sede en Ottawa, solicitaron a la CEDH y a su homóloga nacional garantizar la seguridad de los activistas.