l presidente de la corporación petrolera española Repsol, Antonio Brufau, exhortó ayer a Petróleos Mexicanos (Pemex) a estrechar la colaboración entre ambas entidades y ofreció a la representación mexicana que se siente con la compañía para analizar todas las oportunidades para cooperar. La declaración tiene lugar dos años y medio después de que firmaron una alianza estratégica que significó la compra, por parte de la empresa mexicana, de 9 por ciento de las acciones de la española, y un día después de que el coordinador de asesores de Pemex, Carlos Roa, criticó severamente, en una entrevista publicada en Madrid, el desempeño del propio Brufau y se manifestó por un cambio en la administración de Repsol para que ésta pueda ser un gran socio.

Como elemento de contexto han de señalarse los cuestionamientos a Brufau en la propia España por las percepciones astronómicas que él mismo se asigna como titular de la empresa (de 5 a 10 millones de euros anuales) y las imputaciones judiciales en su contra por las operaciones financieras dudosas que realizó como alto cargo de La Caixa y de Gas Natural, aunque las pesquisas no han prosperado por la espesa red de complicidades político-empresariales que existe en el país ibérico.

Por otra parte, el intercambio de declaraciones Roa-Brufau tiene como telón de fondo el acuerdo alcanzado por Repsol y el gobierno argentino para saldar las indemnizaciones por la expropiación, en mayo de 2012, de las acciones que el corporativo español poseía de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPG), la empresa argentina de hidrocarburos. La parte mexicana se vio involucrada en el diferendo debido a que, unos meses antes, el entonces director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, decidió invertir cerca de mil 150 millones de euros (19 mil 55 millones de pesos, al cambio del momento) en Repsol.

Esa participación fue cuestionada porque reflejaba una enorme incongruencia del gobierno mexicano, ya que el discurso oficial mantenía –y sigue manteniendo– que el Estado carece de los recursos necesarios para invertir en el desarrollo de Pemex, lo que hacía absurdo que se destinara semejante monto a una trasnacional. Por lo demás, el porcentaje accionario de Pemex no es suficiente para incidir en forma significativa en la dirección de Repsol, como el propio Suárez Coppel pudo comprobar cuando, días después, el consejo de administración de la corporación española amenazó con expulsar a Pemex si ésta insistía en aliarse con otro accionista minoritario.

La situación, en esencia, no ha cambiado: el gobierno federal sigue afirmando que no hay recursos suficientes para financiar la industria petrolera nacional, y precisamente esa fue una de las justificaciones utilizadas para operar la reciente reforma legal que permite la privatización del sector; en cuanto a la situación en Repsol, el martes pasado su consejo modificó el reglamento para prohibir a los consejeros que externen públicamente sus discrepancias con la gerencia de la trasnacional, lo que resulta una clara reacción a las declaraciones formuladas horas antes por Roa.

Por donde se le vea, la asociación entre Pemex y Repsol es un mal negocio para la primera. A la distancia, es claro que la inversión en una corporación gestionada en forma casi gansteril constituyó una de las más graves afectaciones de cuantas perpetró la administración de Felipe Calderón en contra del patrimonio de todos los mexicanos. De la misma manera es insostenible el rescate realizado por la petrolera mexicana de un astillero gallego que se encontraba en quiebra virtual.

En resumen, es tiempo de revertir esas asociaciones heredadas del sexenio anterior, de recuperar, en lo posible, los capitales destinados a las empresas españolas, y de emplear tales recursos en el mejoramiento y la modernización de la planta petrolera nacional, la cual experimenta, con o sin reforma energética, una clara necesidad de inversión.