A un año de que la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en la ciudad de Toluca a Elba Esther Gordillo Morales, el abogado Marco del Toro, defensor de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que su clienta está siendo juzgada por el delito de lavado de dinero sin que exista la querella que la ley exige.

Según el litigante, en entrevista con La Jornada, el tiempo para que ésta se hiciera llegar a las autoridades correspondientes ya prescribió.

Elba Esther Gordillo Morales enfrenta acusaciones penales que no le permiten el derecho a la libertad bajo fianza, las cuales son por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal.

El abogado Marco del Toro señaló que el pasado 21 de febrero transcurrió un año sin que exista una querella en el asunto de lavado de dinero, y en términos del Código Penal Federal, prescribe el derecho de querella, y ello presenta dos temas de fondo: la legitimación para denunciar y la carencia de comprobación del delito, como indica el artículo 400 bis.

Durante estos 12 meses, la defensa de Elba Esther Gordillo ha obtenido un amparo en primera instancia, que a decir del abogado tiene efectos sólidos, pues señala que no hay origen ilícito de los fondos. La querella (de la Secretaría de Hacienda) trae vicios no sustanciables y, por si fuera poco, no hay pruebas de que existiera un caso de delincuencia organizada, señaló el litigante.

La PGR insiste en que sus acusaciones son sólidas

En tanto, la Procuraduría General de la República ha referido que sostiene sus acusaciones con base en que “se identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, obviamente del sindicato, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras.

“Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del sindicato y, además, los tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato.

“Se encontraron además transferencias y depósitos realizados en forma directa de las cuentas del sindicato en favor de una persona moral denominada Gremio Inmobiliario El Provisor, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual son accionistas los mentados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, mismos que ya habíamos visto que retiraron el dinero de las cuentas de los trabajadores del sindicato y las pasaron a cuentas particulares.

Con base en dicha información es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia formal ante esta Procuraduría General de la República. Una vez realizados los dictámenes de peritos, tanto de la procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de los siguientes elementos ya detectados, señaló el procurador Jesús Murillo Karam el 26 de febrero de 2013, momentos después de la detención de la lideresa.

En lo que respecta al proceso por delitos fiscales que se desahoga en el quinto tribunal unitario, la defensa de Elba Esther Gordillo ha promovido un amparo indirecto en el que ha señalado que la acusación es insostenible en tribunales, que la mera sumatoria de pagos de tarjeta de crédito pueda suponer un tema de acumulación de pagos, como lo sostiene la hipótesis de la PGR.