El departamento 401 de la torre Miramar, en donde fue recapturado el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo El Chapo Guzmán Loera está registrado a nombre de su hermana Bernarda.

El pasado 22 de febrero, día en que elementos de las fuerzas especiales de la Armada de México capturaron al capo, en la vivienda se encontraban su esposa, Emma Coronel Aispuro, y sus hijas gemelas, así como una mujer que cuida de las pequeñas.

Todas quedaron en libertad después de haber sido retenidas durante varias horas hasta que El Chapo fue llevado al aeropuerto de Mazatlán para ser trasladado a la ciudad de México, confirmaron fuentes oficiales.

Agregaron que después de hacer las consultas correspondientes con los órganos de seguridad federal, el mando naval explicó a la señora Coronel Aispuro que al no haber ninguna averiguación previa o denuncia en su contra, podía retirarse.

Además, explicaron, la esposa de Guzmán Loera está protegida legalmente para no declarar en contra de su marido en un proceso penal.

Ayer el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que cuando realizaron el operativo en Culiacán, a principios de la semana pasada, las fuerzas federales estuvieron a minutos de aprehender a El Chapo en las casas que se catearon en esa ciudad.

En tanto, en Mazatlán se vive un ambiente tenso entre los periodistas apostados frente al edificio de los condominios Miramar, ya que hay personas que les toman fotografías desde vehículos en movimiento, algunos sin placas; otros se aproximan al grupo y hasta les toman video.

Ayer por la mañana, cuando elementos de la Marina realizaron un nuevo operativo en el edificio, supuestamente para que periodistas de medios internacionales entraran a grabar, a los comunicadores locales les bloquearon el paso.

Esta actitud contrasta con la mostrada por los marinos el fin de semana pasado, cuando le ofrecieron todas las facilidades a los enviados de Televisa.

En tanto, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Malova, anunció que junto con autoridades municipales y federales revisarán la red de alcantarillado de la entidad para detectar posibles pasadizos o túneles construidos por criminales para escapar de las autoridades, como pasó recientemente con Guzmán Loera en Culiacán.