Joaquín Guzmán Loera recibió este martes dos autos de formal prisión por delincuencia organizada, pero obtuvo la libertad, con las reservas de ley, por una acusación de delitos contra la salud, bajo la hipótesis de venta de clorhidrato de cocaína, ya que, según resolvió un juez federal, la Procuraduría General de la República (PGR) no presentó pruebas suficientes para acreditar la probable responsabilidad del líder del cártel de Sinaloa en ese ilícito.

En el transcurso de ayer y hoy, otros cuatro juzgados federales resolverán la situación jurídica de El Chapo Guzmán respecto de otros delitos que presuntamente cometió entre 2001 y 2013, informaron funcionarios del Poder Judicial Federal.

Son seis órdenes de aprehensión y dos de reaprehensión las que cumplimentó la PGR el pasado fin de semana, luego de la captura, el sábado, de Guzmán Loera.

Ayer, a las 13:10 horas, el juzgado tercero de distrito de procesos penales federales dictó el primer auto de formal prisión contra El Chapo, por delincuencia organizada, en un expediente iniciado en 2011.

El juzgado determinó iniciar un juicio al presunto líder del cártel de Sinaloa, al estimar que hay indicios suficientes en la acusación presentada por la PGR en la causa penal 65/2011.

Raúl Valerio, titular de ese juzgado, notificó de su resolución a Guzmán Loera y le comunicó que, con base en el Código Federal de Procedimientos Penales, tiene un plazo de tres días hábiles para apelar a resolución ante un tribunal unitario.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por el Consejo de la Judicatura Federal, la orden de aprehensión que dio origen a este proceso fue girada el 2 de junio de 2011.

Por este caso, Guzmán Loera compareció ante el juez Valerio el pasado domingo en la diligencia de declaración preparatoria; no obstante, el detenido se reservó su derecho a hacer cualquier manifestación.

En otra causa penal del juzgado quinto de distrito en procesos penales federales, en Toluca, la autoridad ordenó su libertad por una imputación de delitos contra la salud, por un caso de tráfico de 500 kilos de cocaína en Baja California en 2007, pero en los mismos hechos quedó sujeto a proceso penal por delincuencia organizada.

Finalmente, la noche del pasado lunes los abogados de Guzmán Loera ratificaron su petición de amparo en favor del líder del cártel de Sinaloa, por lo que el juzgado octavo de distrito en materia de amparo confirmó este martes la suspensión de plano en favor de El Chapo, por lo cual el capo no podrá ser extraditado antes de que este juzgado resuelva si las autoridades mexicanas violaron sus derechos humanos.