ientras en Michoacán las autodefensas cumplen un año de haberse constituido como alternativa para enfrentar a los grupos delictivos, en Guerrero las autoridades no logran definir qué postura asumir ante un fenómeno similar.

El 4 de enero de 2013, en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, en la Costa Chica, se creó la primera autodefensa ante la violencia del crimen organizado. Se trataba de una escisión de la policía comunitaria que 17 años atrás había sido constituida en los municipios indígenas de la Montaña con base en el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, suscrito por México, que reconoce en los pueblos originarios la capacidad para organizar su propia policía.

La policía comunitaria, además, está reconocida en la ley 701 del estado de Guerrero. Al surgir las autodefensas en Michoacán, la de Ayutla y Tecoanapa decidió cambiar su nombre por el de policía ciudadana y creó el Sistema de Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), que ya no formaba parte de la policía comunitaria, pero reivindicaba su origen indígena.

Con el tiempo han surgido otros movimientos de policía ciudadana (en general, rehúyen la denominación autodefensas) que no tienen origen indígena, pero no han logrado consolidarse, en particular en la Costa Grande, la sierra y la Tierra Caliente.

Como alternativa, el gobierno del estado les propuso crear la policía rural, y que todas se incorporaran a ella, pero aunque ya se legisló al respecto, no ha podido concretarse esta denominación.

Mientras, subsiste un vacío: el Estado no ha podido garantizar la seguridad de los ciudadanos y pululan cada vez más los esfuerzos para crear cuerpos de seguridad en cada pueblo, con todos los riesgos que ello puede significar.

Lo cierto es que nadie sabe qué hacer y en este asunto el gobierno del estado se encuentra en un pasmo del que no puede salir.