Saltillo, Coah., 25 de febrero.

Institutos y consejos de transparencia del noreste del país emprendieron una campaña de información para que los dirigentes sindicales conozcan las obligaciones que les impone la reforma al artículo sexto de la Constitución.

Los sindicatos mexicanos tienen un año para poner al corriente sus sistemas de información, porque a partir del primer bimestre de 2015 deberán ofrecer datos claros a sus agremiados y a la sociedad en general.

Si bien se trata de organizaciones de carácter privado, las consecuencias de sus actos tienen repercusión en la sociedad y por ello los sindicatos están obligados a informar, dijo Sergio Mares Morán, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León.

En conferencia de prensa en esta ciudad, el especialista expuso que las organizaciones sindicales quedaron al margen de la tendencia general de facilitar a los ciudadanos información sobre sus finanzas y el desempeño de sus dirigentes.

Si la transparencia avanza, corresponde a los sindicatos ajustarse a las demandas de sus agremiados y de la sociedad, subrayó Mares Morán.

Dijo que en un año los organismos sindicales deberán abrir su información. Agregó que hay tiempo suficiente para que se informen sobre las obligaciones y derechos que les da la Constitución.

Quienes pertenezcan a un sindicato o cualquier otro ciudadano, dijo Mares, podrá pedir información sobre el origen y destino de los recursos y del patrimonio sindical.

En noviembre pasado la Cámara de Diputados aprobó la minuta sobre transparencia que el Senado avaló con algunas modificaciones.

La reforma modifica los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Carta Magna.

Entre los cambios relevantes destaca la ampliación a todos aquellos que reciben recursos públicos del número de sujetos obligados a rendir cuentas, incluidos organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza fondos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal.