l gobierno federal sigue dando tumbos a la hora de entrar en detalles de la detención de Joaquín Guzmán Loera (JGL). El más reciente ha sido el extraño reconocimiento retardado y exculpatorio (en el caso de la mayor de edad) de que la esposa y dos hijas de El Chapo estaban en el departamento del edificio Miramar, en donde finalmente sólo fueron detenidos el capo estrella y un discreto ayudante. A pesar de que era un dato de relevancia evidente, los primeros reportes oficiales del caso se abstuvieron de mencionar la presencia y posterior puesta en libertad de esas tres personas.

El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha adjudicado esa inusual generosidad, con tufo a negociación previa o de última hora, a una inexistente facultad discrecional que habrían ejercido los implacables marinos aprehensores en favor de la señora Emma Coronel de Guzmán. Es de suponerse que las dos hijas de las que se habló son menores de edad (entre el reducido mobiliario que tenía el departamento había una cuna). Recuérdese que Guzmán y Coronel se casaron en Durango el 2 de julio de  2007 (linda fecha coincidente con aquella en la que había ganado Vicente Fox la presidencia de México) y que en 2011 la esposa (ciudadana estadunidense, sobrina de Ignacio Coronel, el jefe de plaza en Jalisco) cruzó la frontera para dar a luz a gemelas en California.

De acuerdo con lo declarado ayer por el virtual juez de botepronto, Osorio Chong, las tres mujeres fueron liberadas en razón de una revelación instantánea, pues no tenían absolutamente nada que ver con las acciones del delincuente. ¿Según quién? Ha de suponerse que según los jurisperitos marinos que al vapor mazatleco alcanzaron a investigar, procesar y sentenciar el asunto sometido a su nada parsimoniosa jurisdicción.

Pero no había elementos contundentes para declarar esa absoluta inocencia de la esposa de Guzmán Loera, sobre todo si se toma en cuenta que las cárceles mexicanas están repletas de personas que por una ínfima vinculación, incluso involuntaria, con asuntos del narcotráfico, son sometidas a rigurosos procesos que les llevan a estar durante años en prisión y a sufrir múltiples agravios. De hecho, los cárteles mexicanos se organizan y sostienen en función de lazos familiares, y esposas de diversos jefes del narcotráfico han sido acusadas de cometer actos delictivos relacionados con los negocios de sus cónyuges.

Ese detalle revelador se suma a las explicables dudas que un segmento del público mexicano mantiene respecto a la verdadera identidad del detenido. Sin confirmación alguna, ni siquiera la difusión de alguna fotografía del doble que apuntalara esa versión, se han repetido especulaciones parecidas a las que en su momento rodearon a Mario Aburto. Alguna página de Internet ha difundido la especie de que la esposa de una persona llamada Gregorio Chávez asegura que éste había sido secuestrado, después de que con insistencia ciertos agentes del Cisen le habían propuesto que aceptara dinero para participar en una operación secreta, y que la mujer lo había reconocido al ver en la televisión al presunto Chapo. No hay más elementos que sustenten esa versión que, al menos como fue redactada, y por su falta de pruebas posteriores, mueve a ser descalificada. Pero hay tal crisis de credibilidad de las autoridades mexicanas que aun cuando se dedicaran a dar lectura pública a los evangelios originales sobraría quien les acusaría de haberlos adulterado.

Una causal de tanta desconfianza descansa en el rol que habría jugado el gobierno estadunidense en el apacible desenlace que se produjo sin disparo alguno, sin rigurosos cinturones de protección para el gran capo y en un departamento de equipamiento desangelado. Para que no quedara duda del papel principal que cumplieron, voceros de la administración obamista anunciaron, horas antes de que el peñismo se atreviera a sacar la cara, de la detención de Guzmán. Ayer mismo, la información sobre la presencia de la esposa y las hijas en el edificio Miramar vino de fuentes gringas. Y el propio Osorio Chong reconoció que la DEA suministró apoyo en tecnología para georreferenciar el lugar en el que estaba el delincuente y las personas que estaban con él.

La accidentada narrativa oficial sobre la detención cumbre contrasta con la uniformidad de los mensajes propagandísticos que la adjudican triunfalmente a Peña Nieto y su equipo bien coordinado. Nada se ha informado hasta ahora sobre los lazos políticos que permitieron a Guzmán fugarse (desfachatado, Vicente Fox ha dicho que son tonterías el hablar de que él permitió la fuga del sinaloense que era experto en los menesteres de agricultura estupefaciente para exportación en los que ahora desea incursionar el ex gobernador de Guanajuato). Y tampoco se han anunciado acciones contra los aliados y beneficiarios de Guzmán en las alturas empresariales, donde el dinero de este cártel ha sido tranquilamente lavado durante largos años. Lo único cierto, hasta ahora, es que Estados Unidos quiere que el Chapo sea extraditado (ante lo cual JGL ya ha solicitado el amparo de la justicia federal) y que el gobierno peñista quiere, o juega a aparentar que quiere, que el reaprehendido termine de pagar acá su sanción interrumpida en Puente Grande, más lo que hubiera acumulado en años subsecuentes, antes de ser entregado a las autoridades gringas.

Y, mientras Carlos Loret de Mola recibe excepcional trato de la secretaría de Marina para recrear para Televisa lo que sucedió en Mazatlán con El Chapo, y con el médico Juan Manuel Mireles regresando a la vocería de los grupos de autodefensa, pero solamente de los de Tepalcatepec, ¡hasta mañana, con la renuncia al PAN de Fernando Elizondo Barragán, quien tuvo auge político durante el foxismo, pues fue gobernador de Nuevo León durante unos meses de 2003 (de enero a octubre) y secretario de energía del Gabinetazo (de 2004 a 2005)!

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