La autopista Durango-Mazatlán, principal obra carretera emprendida por el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, costó al erario el triple de lo originalmente planteado, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El costo total previsto al comienzo de la construcción fue de 8 mil 889 millones de pesos, pero a inicios de 2012 el calderonismo lo modificó a 22 mil 100 millones. No obstante, al 31 de diciembre del mismo año se habían ejercido 23 mil 385 millones. La autopista se puso en operación en octubre de 2013.

La ejecución de la obra se inició en 2002 y se preveía que concluyera en 2010. Hace casi tres años el gobierno modificó la fecha de conclusión y el monto de la inversión original.

El proyecto consistió en la construcción de una autopista de cuota con dos carriles de circulación de 12 metros de ancho y longitud de 222 kilómetros, que además tendría cuatro carriles en una longitud de ocho kilómetros con 61 túneles y 43 puentes, incluyendo el famoso puente Baluarte, con extensión de mil 124 metros y altura de 390 metros.

No obstante, en el aspecto normativo se observó que no se evaluó correctamente el costo por financiamiento presentado en la propuesta del contrato de iluminación, y no se autorizaron los precios unitarios extraordinarios dentro del plazo establecido por la ley.

A lo anterior se suma una serie de observaciones por un importe de mil 616 millones de pesos a causa de diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad, errónea integración de precios unitarios extraordinarios, incorrecto cálculo y aplicación de los factores de ajustes de precios, falta de ajuste del costo de financiamiento por los anticipos concedidos y por la variación de las tasas de interés, así como por pagos anticipados.

No obstante, se ha observado que la problemática principal para la ejecución de las obras de infraestructura carretera en los tiempos y con los costos programados es la deficiente elaboración de los proyectos ejecutivos, la insuficiencia de estudios técnicos y la falta de permisos y licencias.

Para elaborar el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF revisó una muestra de 16 mil 500 millones pesos, que representó 79.6 por ciento del total ejercido en 2012 (20 mil 748 millones de pesos), en proyectos carreteros de construcción, modernización y ampliación.

La fiscalización concluyó que 2 mil 66 millones fueron observados, es decir, se desconoce su destino, y apenas se recuperaron 83 millones.