El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, propuso a la Cámara de Diputados instituir la figura de un tribunal de sanciones para asegurar que se apliquen castigos al desvío de recursos públicos, pues aun cuando por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2012 se presentaron 147 denuncias de hechos, es el Ministerio Público Federal (MPF) el que debe decidir si hay una penalidad.

En la presentación del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el funcionario –dependiente de esa instancia– señaló que el principal problema en el ejercicio del gasto público es la forma en que los gobiernos de los estados ejercen el presupuesto. Agregó que las administraciones locales aluden como pretexto para el desvío de recursos su debilidad financiera y ejemplificó con un dato relevante, pues en contraste con los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación, los órganos fiscalizadores estatales únicamente reportaron probables recuperaciones por 509 millones de pesos de fondos federales, 21 veces menos que lo encontrado por el órgano fiscalizador que encabeza, por un monto de 10 mil 915 millones de pesos.

La fiscalización elaborada por la ASF se realizó en 127 dependencias y entidades, correspondientes a los tres poderes de la Unión. De ellas, se desprendieron 4 mil 347 acciones correctivas. Se eleboraron de ese total mil 768 pliegos de observaciones, mil 768 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 147 denuncias de hechos.

Juan Manuel Portal insistió en la urgencia de construir una política más completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México. Se trata de mejorar las condiciones de legitimidad de la democracia.

‘‘La creación de un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas sería una primera propuesta para eliminar la fragmentación que hoy tenemos en la materia’’, advirtió el auditor.

El funcionario otorgó especial atención al subtema del gasto federalizado, porque en él se manifiesta el ejercicio de los recursos de la Federación por parte de estados y municipios. Es decir, se integra por los recursos que se transfieren a los estados de la República, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Los recursos para ese fin ascendieron en 2012 a 1.3 billones de pesos. Y en aquella ocasión se canalizaron por dos vías: la transferencia condicionada o programable, que representó 63.2 por ciento del total, y las no condicionadas o no programables, que significaron 36.8 por ciento.

La crítica del auditor superior de la Federación se centró en el manejo eficiente de los recursos públicos en las distintas instancias del gobierno local:

‘‘No se ha acompañado de una mejora en la calidad de la gestión y resultados de los gobiernos locales, ni se han generado alicientes que impulsen la transparencia, y el asumir una responsabilidad ante los ciudadanos.’’

Muestra de ello es la falta de aplicación del principio de anualidad en todos los fondos. Esto propicia desviaciones y subejercicios, porque la norma no garantiza la adecuada operación de fondos y programas. ‘‘La problemática se ve influenciada por la debilidad de las finanzas de las entidades federativas y municipios, que deriva en un pretexto para que se utilicen los recursos de los fondos en fines diferentes de los previstos por la norma’’.