El fraude que involucra más de 360 millones de pesos en obras fantasmas que supuestamente se realizarían para Caminos y Puentes Federales (Capufe) se descubrió gracias a las quejas que presentaron ante el organismo diversos empresarios que entregaron dádivas de entre uno y 10 por ciento del supuesto valor de los contratos que obtendrían, y que luego de dos años detectaron haber sido engañados por un grupo encabezado por José Ignacio Mojica Barranco, quien fungía como superintendente del área de grúas en ese organismo.

La Procuraduría General de la República (PGR) ya consignó una parte del expediente, en el que se estima que las ganancias económicas que obtuvieron los involucrados en esta red de corrupción y de ocultamiento de recursos obtenidos ilícitamente podrían superar los 500 millones de pesos, ya que los recursos no pertenecen a Caminos y Puentes Federales, sino a empresarios que en algunos casos fueron amenazados para no denunciar el engaño del que fueron objeto.

Los datos obtenidos por el Ministerio Público Federal refieren que la banda, integrada por 13 personas, comenzó a operar en 2010 y que la supuesta contratación de obras se extendió hasta 2012, indicaron funcionarios de la PGR.

La investigación en contra de funcionarios y ex funcionarios de Capufe se encuentran en la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO- XIV/57A/2013, la cual fue presentada en septiembre del año pasado ante la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (Scrapa), cuando era dirigida por Renato Sales Heredia, actual comisionado nacional antisecuestro.

Capufe informó el pasado martes que la PGR ejerció acción penal el pasado 10 de febrero y solicitó órdenes de aprehensión por lavado de dinero por más de 60 millones de pesos y delincuencia organizada en contra de 13 personas, entre ellas han sido identificados Juan Carlos Mojica Barranco (detenido) y su esposa Gabriela del Carmen Nava Campos y su hermana, Cinthia Priscila Mojica (ambas están prófugas); Julio César Sánchez Malo, quien se desempeñaba en el área de licitaciones de Capufe y Gisela Santana García, operadora telefónica, (ambos están detenidos).

En el caso de José Igncio Mojica Barranco las autoridades han detectado que en 2012, a pesar de tener un salario de 18 mil pesos mensuales, reportó ingresos por más de 500 mil pesos anuales ante las autoridades hacendarias y de la Función Pública.

La banda enviaba a algunos de sus integrantes a que se presentaran ante diversas empresas como funcionarios de Capufe y presentaban propuestas de obras públicas que supuestamente se iban a realizar.

Para ello presentaban documentación que parecía real, y una vez que fingían haber asignado el contrato, a los empresarios les solicitaban pagos que iban de uno a diez por ciento de los montos de las presuntas obras.

Durante el sexenio pasado Capufe tuvo dos directores Tarsicio Rodríguez Martínez quien en 2011 se separó del cargo para integrarse a la Presidencia de la República como secretario particular de Felipe Calderón. El segundo director fue Guillermo Castillo Caballero, quien dentro del organismo se había desempeñado como director de operación. La denuncia ante la PGR que puso al descubierto estas operaciones ilícitas, es del actual director del organismos, Benito Neme Sastré.