oy se conmemora el octavo aniversario del homicidio industrial cometido por Grupo México, de Germán Larrea, en la mina Pasta de Conchos. Coahuila, en la que murieron 65 trabajadores. Ocho largos años han transcurrido, durante los cuales la presunta autoridad ha cumplido cabalmente con ese empresario, al igual que con los otros barones del sector, no obstante haber quedado al descubierto sus execrables prácticas. Le ha garantizado impunidad absoluta, le ha protegido y le ha otorgado nuevas concesiones mineras, mientras a los deudos les ha dado portazo tras portazo.

En esta deleznable historia de impunidad tres han sido los inquilinos de Los Pinos involucrados (Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Enrique Peña Nieto); cuatro los secretarios del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de Carlos Abascal–, Javier Lozano Alarcón, Rosalinda Vélez Juárez y Alfonso Navarrete Prida); cinco los procuradores generales de la República (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –hoy en la embajada de México en Estados Unidos–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez y Jesús Murillo Karam), y siete los secretarios de Gobernación (Carlos Abascal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont –abogado corporativo de Grupo México–, Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré y Miguel Ángel Osorio Chong), y ninguno de ellos movió un dedo para proceder en contra de los responsables de la muerte de los 65 mineros en Pasta de Conchos.

Tras la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la madrugada del 19 de febrero de 2006, Vicente Fox, entonces inquilino de Los Pinos (quien nunca se apersonó en la zona de desastre ni dio la cara a los familiares de los mineros fallecidos), prometió investigar a fondo qué sucedió para conocer las cusas de la tragedia y castigar a los responsables. En los hechos, sólo envió a su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, para apurar el cierre de la mina y dar carpetazo al asunto, de acuerdo con las instrucciones de Germán Larrea.

A la residencia oficial llegó el inenarrable Felipe Calderón, y a los deudos y trabajadores prometió que la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura. Dos semanas después de tal declaración, Grupo México despidió a 250 trabajadores de Pasta de Conchos para cerrar transitoriamente la mina (desde entonces no se ha reabierto), mientras la cristiana sepultura sigue pendiente.

Por esas fechas, el secretario calderonista del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, declaró que Grupo México “tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… No voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea… Pasta de Conchos seguirá siendo asignatura pendiente para el gobierno, que no cerrará este expediente hasta que se cumplan cuatro condiciones: se concluya el deslinde de responsabilidades de la empresa, funcionarios de la dependencia y otros; se determine oficialmente las causas que provocaron el accidente; se logre el rescate de los cuerpos, el cual no se va a detener, y se atienda a los deudos”. Obvio es que procedió en estricto sentido contrario.

Uno más: el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que “desde la Presidencia de la República, Fox me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del PAN me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención… Hay gente que es responsable y que trabajó en la administración pasada y va a tener que ser encarcelada”. En los hechos, el que tuvo que huir fue él mismo, y los responsables se mantuvieron impunes.

Toca el turno al gobierno peñanietista. El 18 febrero de 2013 el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, hizo pública la disposición de la nueva administración para reabrir las investigaciones en torno al homicidio industrial en la mina Pasta de Conchos y realizar otro peritaje para determinar la factibilidad de rescatar los restos de los 63 mineros que se mantienen bajo toneladas de escombros. Un año atrás, el funcionario pidió a la PGR revisar las condiciones de la mina Pasta de Conchos para determinar si es posible reanudar los trabajos de búsqueda y rescate. El nuevo peritaje va a determinar si técnicamente es factible.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, confirmó la existencia y recepción de un oficio (OS/057/13) dirigido al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por medio del cual Navarrete Prida solicitó un nuevo peritaje, no sin subrayar que el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto expresa una vez más sus condolencias a los familiares de los mineros por esta tragedia que ocurrió hace ya varios años.

Un año después de tales declaraciones y de presentar el citado oficio, nada se conoce del nuevo peritaje, ni de una nueva investigación, ni del inicio del rescate (el cual, según dijo Navarrete Prida en aquella ocasión, podría empezar en semanas) , pero sí se sabe que desde octubre pasado Germán Larrea y su Grupo México se ampararon ante la eventualidad de un operativo de rescate de cuerpos en Pasta de Conchos, pues aseguran no estar obligados a realizar los trabajos ni ser responsables de los costos y eventuales indemnizaciones por daños.

Ocho años, pues, y el homicidio industrial se mantiene impune. Salvo que hoy concrete, con motivo del octavo aniversario luctuoso de Pasta de Conchos, lo que 12 meses atrás se comprometió a hacer, hasta ahora el gobierno peñanietista no muestra diferencia alguna con el proceder de Fox y Calderón.

Las rebanadas del pastel

Guillermo Babatz, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en tiempos de Felipe Calderón, fue incorporado a la junta directiva de Scotiabank, la trasnacional financiera canadiense que opera en México. Se trata del mismo personaje que en octubre 2008, durante la crisis del catarrito, prometió investigar a fondo a los especuladores responsables de saquear (12 mil millones de dólares) las reservas internacionales del país, entre los que destacaban varios bancos. Sabemos qué tenemos que buscar y en dónde, dijo entonces. Los resultados de la investigación a fondo nunca se conocieron, pero transcurrido el tiempo queda claro qué buscó y en dónde.

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