na argumentación simplista, cargada de optimismo acrítico y de tapaojos conceptuales, pretende endiosar por sí mismas las reformas modernizadoras y estigmatizar a sus críticos como enemigos del progreso e incluso de la patria. En momentos cruciales, como la reunión trinacional de ejecutivos que se realizará hoy en Toluca, y con el apoyo efervescente de alineados medios de comunicación y apabullante propaganda oficial, una volátil esperanza de un mejor país llega a instalarse en ciertos segmentos sociales que se preguntan si cabe el beneficio de la duda ante los paraísos que los juglares de la abundancia les dibujan como destino casi inevitable.

Solo es necesario despegar los ojos de los hipnotizantes guiones mediáticos que Los Pinos encajan a los mexicanos para confirmar que las bases de ese coloso prometido son de barro, de sangre, de fraude electoral o de corrupción institucionalizada. La clase política, por ejemplo, proviene en su inmensa mayoría de procesos electorales adulterados, movidos con carretadas de dinero proveniente de los erarios (federal y estatales), de la delincuencia organizada o de los múltiples caminos de financiación políticamente cancerígena que ya son consustanciales a las faenas comiciales. En la capital del estado donde hoy se lanzarán proclamas alegres, varios de sus gobernadores (Arturo Montiel como muestra más reciente, pero no la única ni sólo en ese nivel) han sido parte de ese mosaico de tonos oscuros.

El famoso estado de derecho, por otra parte, sólo es observable en los discursos oficiales y en las bibliotecas de los jurisperitos. En realidad, el gobierno federal de México no tiene riguroso control más que de sus áreas fijas militarizadas y de la cambiante zona por donde ha de moverse cada día quien hoy ocupa Los Pinos. Lo demás está sujeto a los vaivenes de la temporada, capos regentes en determinadas regiones y estados, corporaciones policiacas profundamente corrompidas en otras zonas, cúpulas administradoras practicantes de diezmos y extorsiones desde sus escritorios oficiales y una creciente irritación social que en algunos casos ha transitado por los senderos prefigurados de las autodefensas devenidas en colaboradoras del régimen pero que ni aun así ofrecen parámetros aceptables de gobernabilidad (el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, hizo ayer puntuales observaciones sobre el tema).

Una sociedad bien informada, orgullosa o cuando menos no dudosa de la legitimidad de sus gobernantes, confiada en ciertos mecanismos de supervisión o control de los actos de sus funcionarios, acostumbrada a que las denuncias por corrupción administrativa lleven a la cárcel a los culpables y los fondos públicos sean recuperados, carente del cinismo generalizado que asume ya casi como natural que los políticos cobren porcentajes u obtengan beneficios accionarios o en efectivo por sus gestiones a favor de particulares, no se diga de grandes consorcios trasnacionales, podría presenciar con regular predisposición, sin fundados sobresaltos, las reuniones de sus altos representantes con el máximo poder mundial y, en el caso, con un aliado subcontinental, el canadiense.

Pero el tema central, los energéticos, en especial el petróleo, y los adjuntos, la seguridad nacional estadunidense y el papel subordinado de los vecinos convertidos en policía auxiliar fronteriza, y el narcotráfico y su impacto en la política local, con los nativos interesados en un Plan Toluca en lugar del Mérida, hacen que reuniones como la de hoy obliguen a una verdadera alerta nacional.

En Oaxaca hay el fundado temor de que la cúpula local de la Iglesia católica presione para impedir o atenuar el castigo judicial al sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de abuso sexual contra niños y adolescentes indígenas. Una pública expresión de esas preocupaciones fue emitida ayer por 14 organizaciones que se agrupan en el Foro Oaxaqueño de la Niñez, 15 que se manejan a título individual y 21 ciudadanos, en una carta dirigida al gobernador Gabino Cué, al arzobispo José Luis Chávez Botello, al defensor oficial de los derechos humanos, al procurador estatal de justicia y al presidente del supremo tribunal local.

Los firmantes de ese texto demandan que el sacerdote presunto acusado de pederastia sea sentenciado conforme a derecho, no confor­me a las presiones que la misma Iglesia pueda hacer, y en su caso, se investigue también por el delito de encubrimiento. Recuérdese que el arzobispo Chávez Botello conocía desde 2009 de las acusaciones de pederastia contra el cura cercano a sus afectos, al que defendió a sotana y espada a pesar de que los señalamientos le habían sido presentados por una decena de presbíteros en activo. El caso fue publicado en La Jornada en junio de 2012 (http://bit.ly/1c9zoin ). Además de solicitar que las autoridades civiles y religiosas ofrezcan disculpas a los niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual, en la carta se demanda que se realice la reparación del daño y atención integral (...) con todo el respeto y dignidad que merecen, de acuerdo a su contexto cultural y evitando la revictimización (http://bit.ly/1j9vJb2 ).

Astillas

Se ha formalizado el anuncio hecho semanas atrás por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, miembro del trío de presuntos salvadores de México, de instalar en la atribulada entidad una especie de gabinete federal tarasco (¿MAO merecerá más delante alguna portada de revista aunque sea regional con el título “ Saving Michoacán”?). Barullo burocrático, duplicidad de funciones y de gastos, malabarismos presupuestales (los famosos 45 mil millones de pesos anunciados por EPN son lo mismo que estaba programado, pero presentado de manera distinta, con un piquito efectivo de poco más de mil millones de pesos) y favoritismo aunque sea escenográfico para un estado en llamas, para ejemplo o envidia de los demás... Y, mientras uno de los consejeros del IFE (Baños) que esperan ser transferidos al INE dice que no buscan negociar tal permanencia, ¡hasta mañana!

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