l comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, declaró ayer en entrevista con la radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que la captura de Servando Gómez Martínez, La Tuta, considerado el más importante o uno de los más poderosos líderes de Los caballeros templarios, sería la cereza en el pastel de la estrategia aplicada por el gobierno federal en esa entidad.

La expresión coloquial empleada por el funcionario hace inequívoca referencia a la culminación de una tarea, al buen final de un empeño u obra, a la terminación exitosa de algo. Y es pertinente preguntarse, entonces, en qué medida la detención de una de las jefaturas principales de la organización delictiva mencionada podría considerarse éxito final del despliegue policial ordenado desde el mes pasado en tierras michoacanas por el Ejecutivo federal.

A la luz de la política de seguridad mantenida durante la administración anterior, y continuada en buena medida por la presente, cabe dudarlo: las abundantes capturas y/o los esporádicos asesinatos de capos de la delincuencia organizada no sólo no han contribuido a remontar la inseguridad y la violencia que se extienden por vastas zonas del país, sino que, por el contrario, han acentuado y agravado tales fenómenos.

Lo anterior es así tanto por razones circunstanciales –la neutralización de un cabecilla suele dar lugar a cruentas recomposiciones y reorganizaciones de la criminalidad– como estructurales: el auge delictivo y el control de territorios y sectores económicos por la delincuencia no son resultado de las maquinaciones de un individuo, sino consecuencia de factores múltiples, como los estragos sociales dejados por tres décadas de neoliberalismo, la sostenida descomposición institucional, la impunidad alentada por omisión durante sucesivos gobiernos federales, y la inserción brutal del país y de su economía en un ámbito de libre mercado en el que drogas y armas ilícitas y productos y servicios de protección, seguridad e inteligencia se convierten en mercancías en busca de nuevos mercados.

Si no se actúa sobre factores como los enumerados, ni la captura de los líderes de un grupo delictivo ni la desarticulación de la organización entera tendrán un efecto duradero y significativo en la recuperación de la seguridad pública y el restablecimiento del estado de derecho. La historia reciente muestra que, invariablemente, nuevos cabecillas y nuevas bandas ocuparán, mucho más temprano que tarde, los huecos del tejido delictivo.

Si el despliegue de fuerzas federales en Michoacán tiene por objetivo restaurar la legalidad, la paz y la tranquilidad de la población, la eventual captura de La Tuta o de cualquier otro jefe de Los caballeros templarios no será ninguna cereza en el pastel. Plantearlo así a la opinión pública constituye un flaco favor a la de por sí erosionada credibilidad en las instituciones y a la propia labor del declarante, en la medida en que genera falsas expectativas y, por consiguiente, alimenta la confusión y el desaliento de la sociedad.

Es procedente, por ello, pedir al representante del gobierno federal en Michoacán mayor prudencia y mesura en sus declaraciones.