espués del resbalón del año pasado, el gobierno asegura que 2014 será de mayor crecimiento, rumbo a una recuperación que pronto se verá impulsada por la lluvia de inversiones que traerá consigo la reforma estructural, en particular la energética. Veremos, dijo el ciego. Por lo pronto consignemos que, ajeno al ánimo festivo del gobierno, lo que se espera que ocurra este año en materia de producción y empleo dista mucho de ser halagüeño, con y sin las reformas que tanto necesitamos, como reza la jaculatoria.

Según varios organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Económica para América Latina, la economía probablemente crezca por encima de lo registrado en 2013, pero por debajo de los ritmos previstos por el gobierno en sus criterios de política económica presentados junto con su proyecto de Presupuesto. Tal crecimiento será, además, inferior al promedio que se ha estimado para el conjunto de la región latinoamericana.

A lo más, se dice, podemos esperar un avance cercano al 3.4 por ciento y eso si el gasto público se ejerce oportuna y adecuadamente y la economía estadunidense se recupera y empieza a expandir su consumo, la construcción y la inversión, de cuyas dinámicas depende en alto grado el volumen y el ritmo de nuestras exportaciones que, en su gran mayoría, se destinan a aquella nación. Panoramas reales pero sin duda inciertos.

Muchos son los imponderables, como sucede con prácticamente todas las economías del mundo que parecen colgadas de uno o más alfileres que, sin previo aviso, pueden desprenderse para llevarnos a otro colapso. Lo grave es que la nuestra no ha sido capaz de reconstruir los principales mecanismos de defensa contra las veleidades del ciclo internacional y ello la hace todavía más vulnerable e incierta.

Sin embargo, los encargados de la política económica parecen empeñados en no tomar nota; se descuida el fomento de la inversión que debe empezar por la pública; se desentienden de la tragedia del crédito bancario y se mantiene en la sombra a la banca pública de desarrollo y, lo peor, se sostiene un régimen de salarios indigno. Impropio de una economía del tamaño de la mexicana y del todo contrario a las necesidades elementales de la sociedad cuya satisfacción se ha pospuesto año con año en la última treintena.

Es necesario insistir: sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo satisfactorio. Y no lo habrá este año: como lo acaba de anunciar el Banco de México, no se crearán más de 600 mil nuevas plazas formales este año, cuando lo mínimo requerido rebasa el millón de empleos.

Más informalidad y más tentaciones para los jóvenes, muchos de los cuales, en este contexto, se inclinan por unos meses de emoción y lujo en vez de por años de mala ocupación y precariedad laboral. Como reitera el Inegi, la informalidad se ha apoderado del escenario laboral mexicano al llegar a representar 58.8 por ciento de la población ocupada a fin del año pasado. Para el investigador del Tec de Monterrey, José Luis de la Cruz, el principal generador de empleo en el país es la informalidad, cuya tasa se ha mantenido en esos niveles desde 2009 ( El Economista, 13/02/14, pp. 4 y 5). Inseguro y precario, el trabajo en México sufre una parálisis que le impide ser, como alguna vez lo fue y debería serlo, un efectivo factor de desarrollo y bienestar para el país.

Sin una decisión clara y sostenida del Estado para recrear y expandir el mercado interno, a través de la inversión pública y de los salarios mínimos, no hay posibilidad interna alguna para crecer. Las exportaciones, de las que tanto presumen los hacedores del TLCAN en su aniversario número 20, sólo podrán sostener ritmos de actividad que no responden a la ingente necesidad, hambre habría que decir, de ingresos y ocupación digna que reclama la mayoría trabajadora.

Ahora, además, nuestro futuro cercano está marcado por la inseguridad y el miedo, individuales y de grupo, que aparte de haberse convertido en corrosivos disolventes de la cohesión social en vastas regiones del país, se han vuelto vectores activos contra la certidumbre y las decisiones económicas. Por más que se ha tratado de evitar una contaminación de la vida política, económica y social por el crimen, los indicadores recientes y las estimaciones de los especialistas lo dicen y reiteran: la inseguridad pública es ya, en este inicio del año de la recuperación prometida, el principal obstáculo para crecer.

“Este factor, dice El Economista, logró colarse en primer lugar al repuntar de 14 al 20 por ciento desplazando a la inestabilidad financiera internacional... En la última consulta de 2013 (los analistas privados consultados por Banxico), veían a la inseguridad pública como la tercera limitante de la economía. Hace un año, en la encuesta de febrero de 2013, era la cuarta preocupación con un porcentaje de 12 por ciento.” ( El Economista, 07/02/14, p. 6)

La reconquista del futuro que prometen los planes de desarrollo, los cambios estructurales y los discursos y riquezas de la gran empresa, permanentemente topa con un presente ominoso que sólo podrá superarse con nuevas formas de cooperación social, diálogo y concertación política. Poco tienen que ver con pactos que, como el fiscal que propone el gobierno, suenan más a retirada o de plano a rendición abierta cuando los frutos de la reforma fiscal de 2013 parecen marchitarse antes de tiempo.

Antes de que las campanas al vuelo nos ensordezcan, la voz colectiva tiene que volverse llamada de alerta y reclamo abierto, en y desde el Congreso y también en y desde la calle, la opinión, la academia.