Las ventas de las empresas establecidas en la frontera norte del país bajaron alrededor de 20 por ciento debido la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en dicha zona con el del resto del país y a los aumentos de precios que trajo la reforma fiscal, señalan cálculos empresariales preliminares.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, Jorge Escalante Martínez, dijo que para los empresarios esta cuesta de enero fue más pesada que en otros años.

En la semana, el organismo que preside Escalante presentó un amparo colectivo en el que 58 mil ciudadanos mostraron su rechazo a la homologación del IVA en las zonas fronterizas, mientras que de acuerdo con el dirigente, en los grupos de inversionistas persiste la incertidumbre.

Entrevistado durante su participación en las juntas mensuales de la Coparmex Nacional en la ciudad de México, Escalante Martínez explicó que la homologación del IVA de 11 a 16 por ciento en las fronteras del país, así como los impuestos que entraron en vigor este año a las bebidas azucaradas y los alimentos chatarra han provocado que se incrementen las filas de mexicanos que prefieren cruzar la frontera hacia Estados Unidos para comprar sus productos allá, donde también la gasolina es más barata.

En los actos los empresarios platican que están más cautelosos porque no saben cómo vienen las cosas, lo mismo con la contratación de personal. Están cautelosos porque no saben qué va a pasar, advirtió.

Dijo que si bien no hay cifras concretas, la estimación empresarial es que debido a las nuevas cargas fiscales el consumo en la zona cayó alrededor de la quinta parte, como previamente había predicho un estudio del Colegio de la Frontera Norte.

El directivo recordó que de acuerdo con dicho análisis el PIB estatal iba a caer alrededor de 3 por ciento y se perderían cerca de 29 mil empleos, aunque tales datos no se han corroborado.

Sobre la razón por la cual el amparo fue interpuesto con firmas de ciudadanos y no por un conjunto de empresas (las cuales de todos modos sí se pudieron sumar) fue porque su asesor fiscal les explicó que de ese modo era mucho más fácil demostrar el interés legítimo.

Lo que buscamos demostrar con el amparo es el interés legítimo, la afectación de los ciudadanos en su bolsillo y en su competitividad.

Si bien no hay una fecha fija para la resolución del amparo, los empresarios calculan que el proceso podría tardar de cuatro a 10 meses.

El presidente de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Coparmex, Pedro Higuera, dijo que este 14 de febrero venció el primer plazo para que las empresas o personas inconformes con las nuevas disposiciones en materia fiscal se ampararan, sin embargo, todavía tienen posibilidad de hacerlo 15 días después de su primer declaración fiscal.

Explicó que de acuerdo con la Ley de Amparo vigente, los contribuyentes tienen 30 días hábiles para ampararse luego de la entrada en vigor de los cambios fiscales (mismos que vencieron el pasado viernes 14), sin embargo podrán hacerlo 15 días después del primer acto de aplicación del gravamen.

Por esa razón, comentó el especialista, habrá contribuyentes que prefieran evaluar otro momento para interponer sus amparos, por ejemplo cuando presenten su declaración anual de 2014 en marzo de 2015, y a partir de ahí tendrán 15 días para hacerlo.