Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió ayer a trámite el recurso presentado por senadores del PRD para que el máximo tribunal resuelva sobre la constitucionalidad de la consulta popular respecto de la reforma energética y la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución (que abre la puerta a la iniciativa privada en las industrias petrolera y eléctrica), legisladores de ese partido señalaron que la decisión abre un litigio jurídico-político muy importante.

Ayer, durante la sesión de la SCJN, el presidente del máximo tribunal, Juan N. Silva Meza, dio entrada al recurso sobre la consulta y turnó el asunto al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán para que elabore el proyecto de dictamen correspondiente. El trámite quedó registrado con el número 1/2004.

La solicitud de los perredistas tiene su origen en la petición que presentó el PRD a la Cámara de Senadores el 3 de diciembre pasado, acompañada de un millón 600 mil firmas, en la que demanda la realización de una consulta ciudadana sobre la reforma constitucional en materia energética.

El PRD fundamentó su petición en el artículo 35 de la Constitución, que señala que la SCJN resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

En tanto, la admisión del asunto se fundamentó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que faculta al presidente de la SCJN a designar un ministro para que elabore un proyecto de dictamen en casos trascendentes.

En su proyecto, Pérez Dayán debe establecer si la consulta que reclaman los senadores Alejandro Encinas, Manuel Camacho Solís, Dolores Padierna y Mario Delgado se admite o se desecha.

El PRD y los senadores perredistas sostienen que la reforma energética va en contra del espíritu de la Carta Magna de 1917, ya que la propiedad del petróleo pasará a poder de inversionistas nacionales y extranjeros.

Sostienen que la reciente reforma en materia de referendo prevé la eventual realización de una consulta, porque se trata de un asunto de trascendencia nacional que debe ser decidido por la ciudadanía y no sólo por los partidos (PRI, PAN y PVEM) que avalaron las reformas.

En tanto, priístas y panistas sostienen que la consulta que exigen varias organizaciones de izquierda (además de PRD, PT y Morena) sobre la reforma energética no puede llevarse a cabo porque se trata de un tema fiscal y la Constitución establece que ese tema no puede someterse a referendo.

Al respecto, en entrevistas por separado, Camacho Solís y Encinas Rodríguez coincidieronen que la admisión de la demanda a trámite no pudo llegar en mejor momento, ya que PRI y PAN tienen todo listo para aprobar la próxima semana una ley reglamentaria acotada para impedir que pueda someterse a consulta la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

La decisión de la Corte, es lo mejor que nos pudo pasar, cuando hay una voluntad política contraria al ejercicio de la consulta popular, recalcó Camacho. Dijo que representa una victoria importante para quienes luchan porque se respete el derecho de los mexicanos de ser consultados en temas de trascendencia nacional, como es la privatización del petróleo y la electricidad.

Encinas manifestó que confía en que la SCJN tutele y garantice el cumplimiento cabal de la Constitución y avance en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a ser consultados.