La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuraron tres conjuntos residenciales que se construían ilegalmente en el área natural protegida de Valle de Bravo, estado de México. Determinaron que los proyectos violaron las políticas federales de conservación, así como la actualización del modelo de ordenamiento ecológico del territorio de la entidad y el programa de ordenamiento ecológico regional de la subcuenca Valle de Bravo-Amanalco.