Panamá, 5 de febrero.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció este miércoles que el consorcio encargado de la ampliación de la vía paralizó las obras, pero la española Sacyr, líder del grupo, lo negó y aseguró que la negociación por los multimillonarios sobrecostos del proyecto sigue abierta.

Cien años después de su inauguración, el canal, por el que navega 5 por ciento del comercio marítimo mundial, enfrenta una crisis que amenaza el megaproyecto de construcción de su tercer juego de esclusas, previsto para concluir en 2015.

Una esclusa permite nivelar las aguas y así ayudar a que un buque o navío ascienda o descienda de nivel y pueda cruzar exitosamente el canal.

El consorcio, liderado por la empresa española Sacyr, a cargo de la construcción del nuevo carril de esclusas, el principal componente de la ampliación, ha asegurado que tiene problemas de liquidez y exigió a las autoridades del canal que se le reconozcan sobrecostos por mil 600 millones de dólares para culminar los trabajos.

La paralización de las obras tiene un fuerte impacto en la economía panameña: analistas estiman que el país dejará de recibir entre 300 y 400 millones de dólares anuales si no continúa la ampliación, que permitiría que circularan por la vía 600 millones de toneladas al año frente a las 300 actuales.

Sacyr, socio mayoritario del consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc), había anunciado en la mañana de este miércoles la ruptura de los diálogos con la ACP, pero más tarde señaló que la negociación sigue abierta y que las obras continúan.

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, afirmó en declaraciones a la radio privada española Cadena Ser, que ACP rechazó la última propuesta del consorcio sin dar una alternativa viable, por lo que anunciaron la ruptura de negociaciones, pero luego le ofrecieron seguir el diálogo.

Hemos hecho una última oferta al canal y supongo que ellos nos contestarán, agregó sin más precisiones, al tiempo que señaló que no hay una fecha en concreto para la paralización de las obras”, y todo depende de la respuesta que obtengan.

Más temprano, el administrador de la vía, Jorge Quijano, anunció que el consorcio detenía las obras y criticó su posición inflexible, al señalar que las pretensiones de Gupc atentan contra los intereses de Panamá y su canal. Nosotros no nos retiramos de la mesa (...). Exigimos que en este momento que reanuden los trabajos. Lo que tenemos que hacer es reiniciar la obra rápidamente, reclamó Quijano.

El grupo de empresas ha mantenido una posición inflexible y durante las conversaciones reiteró su intención de negociar cifras exorbitantes fuera del contrato, sostuvo Quijano, evidentemente enojado y acompañado por un grupo de directivos y ejecutivos del canal.

Su argumento fue que ha tenido cuantiosos sobrecostos y que la autoridad del canal debía pagarlos, añadió.

No quiero ni siquiera insinuar que los próximos pasos son sencillos y que estarán libres de riesgos, lo que sí quiero dejar claro es que no vamos a estar sujetos a chantajes, declaró Quijano. Sin embargo, aunque se hayan roto las negociaciones no significa que un acuerdo ya no es posible, aunque la ventana para esto se cierra minuto por minuto, advirtió.

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien había afirmado el lunes que se estaba cerca de llegar a un acuerdo, este miércoles fustigó duramente al contratista, al que calificó de irresponsable, y llamó a los panameños a cerrar filas en apoyo a la autoridad canalera.

Un conflicto costoso

La noticia es inesperada, admitió el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, en un comunicado.

Confío y espero que ambas partes reconsideren sus posiciones en los próximos días, ya que una interrupción de las obras sería una mala noticia para el empleo, la economía global, la ampliación del canal y las partes mismas, añadió.

La ministra de Fomento (obras públicas) española, Ana Pastor, aseguró que pidieron a las partes que lleguen a acuerdos, porque está en juego una gran infraestructura que repercute en la economía no sólo de Panamá, sino de todo el mundo.

Sacyr aseguró que el consorcio sigue buscando una solución de financiamiento para terminar el proyecto y las obras en 2015 e insistió en que la ruptura pone en riesgo hasta 10 mil puestos de trabajo.

El grupo español advirtió además que sin una solución inmediata Panamá y ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales.

En el origen del conflicto figura una factura mucho más cara de lo previsto: el consorcio reclama mil 600 millones de dólares más para cubrir sobrecostos que atribuye a condiciones geológicas imprevistas.

Dice que durante la excavación del terreno se encontraron obstáculos geológicos no previstos por los estudios y que han impedido conseguir basalto, una especie de roca volcánica, insumo principal para producir las enormes cantidades de concreto que se necesitan.

Es una carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma, asegura Gupc, que integran también la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana.

Muchos expertos dicen que la raíz de la controversia radica en que el consorcio subestimó los costos del proyecto cuando le fue adjudicado en 2009 por haber presentado la oferta más barata: 3 mil 118 millones de dólares, unos mil millones por debajo de la oferta de Bechtel, gigante de la construcción de Estados Unidos.

El conflicto estalló el 30 de diciembre, cuando Gupc amenazó con suspender los trabajos si no le pagaban los sobrecostos, equivalentes a 50 por ciento más del contrato inicial fijado en 3 mil 200 millones de dólares para las esclusas. El consorcio propone compartir un cofinanciamiento 50 por ciento-50 por ciento y que después un tribunal internacional de arbitraje decida quién asume los sobrecostos.

La obra, cuyo avance es de 70 por ciento, acumula un retraso de nueve meses, sin contar los reveses de estas últimas semanas. Los constructores consideran, según la aseguradora Zurich, que la conclusión del proyecto se retrasaría entre tres y cinco años si no hay acuerdo.

Directivos de la Autoridad del Canal, que no quisieron revelar su identidad porque no están autorizados a dar declaraciones, dijeron a la Ap que en medio del conflicto se han recibido sendas ofertas de empresas interesadas en hacerse cargo de lo que resta de la obra.

Inaugurado en 1914 por Estados Unidos y devuelto a Panamá en 1999, el canal, de 80 kilómetros, tiene como principales clientes a Estados Unidos y China.

Estados Unidos ya había comenzado a realizar inversiones y ampliar sus puertos para dar cabida a los cargueros que podrían pasar por el canal ampliado, capaces de transportar más de 12 mil contenedores.