Por encargo del gobierno lusitano, Christie’s realiza la venta en la capital británica
Apelan activistas a la ayuda de la Unesco y la Comunidad Europea mediante una carta
Es un error muy grave, señala Luis Raposo, del Consejo Internacional de Museos
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Martes 4 de febrero de 2014, p. 5
En Portugal, la movilización de la sociedad civil y la oposición de los partidos de izquierda Socialista y Comunista Portugués fueron insuficientes para impedir la polémica subasta de 85 obras del artista Joan Miró (1893-1983), que la casa Christie’s, por encargo del Estado lusitano, realizará en Londres el martes y el miércoles, sin consulta pública.
Esta será, según señala Christie’s una de las propuestas más extensas e impresionantes del artista catalán jamás hechas por una subasta
, cuya peculiaridad consiste en comprender casi la totalidad de su trayectoria artística desde los años 20 hasta su muerte, en un momento de fuerte revaloración comercial de la pintura modernista.
La colección fue adquirida por el Banco Portugués de Negocios (BPN), en 2006, al empresario japonés Kazumasa Katsuta –nombrado recientemente ciudadano honorario y patrón de la Fundación Miró de Barcelona–, el mayor coleccionista privado del artista al adquirir en 1991 medio millar de obras a la Galería Pierre Matisse de Nueva York.
Las irregularidades del BPN derivaron en bancarrota con la crisis financiera de 2008, cuando fue nacionalizado con todos sus bienes, incluidos los cuadros de Miró, cuya venta actual pretende aminorar un agujero multibillonario arrastrado tras esa medida.
Venta al mayoreo
En una carta de protesta (redactada sólo en portugués), que en menos de un mes ha recaudado más de 9 mil firmas, se denuncia el proceso farragoso en el cual se planeó la venta, notificada el 19 de diciembre pasado, por conducto de la agencia de noticias Lusa, poco antes de la temporada de vacaciones, el tiempo de mayor dispersión de la opinión pública con un espacio muy limitado para actuar
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En la misiva se enfatiza, entre otros aspectos, la depreciación de su valor por ser una especie de venta al mayoreo
que pretende recaudar 35 millones de euros, frente a una estimación que se hizo cuando la nacionalización del banco, entre 80 y 150 millones de euros
.
El curador, artista y galerista, Carlos Cabral Nunes Días –uno de los mayores activistas en contra de la venta– es el firmante de la carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y a la Comunidad Europea para apelar por su ayuda.
Cabral se pregunta con preocupación si este acto no puede acarrear consecuencias inimaginables para la humanidad, pues pudiera tratarse de un precedente para que cualquier Estado con aprietos económicos, sin escrúpulos, conciba su patrimonio artístico como algo comercializable, como cualquier activo financiero sujeto a la venta a precio de ganga, por ser al mayoreo, para satisfacer un nuevo mercado en países como los Emiratos Árabes que necesita llenar sus inmensos museos.
La comunidad cultural de Portugal se ha unido contra la venta. El presidente del comité directivo nacional del Consejo Internacional de Museos, Luis Raposo, declaró que la venta de obras de Miró es un error muy grave de la política cultural
y sostuvo que el acervo debe permanecer en Portugal, pues generarían importantes ganancias a largo plazo que darían prestigio al país”.
Los resultados de la subasta deberán mantener al mundo entero en estado de guardia. El caso de Portugal no es el único que se presenta en esos términos. El pasado diciembre la ciudad de Detroit, tras la declaración de quiebra, ha considerado saldar parte de su deuda con la venta de los 12 murales de Diego Rivera y algunas de entre sus obras maestras.
Recurso de la fiscalía portuguesa
La tarde del lunes, la agencia Xinhua difundió que la fiscalía portuguesa interpuso una providencia cautelar
ante el Tribunal Administrativo de Lisboa para tratar de suspender la subasta de las 85 obras de Joan Miró.
Se trata de la segunda acción legal presentada para detener esa puja en Londres, pues antes la hicieron legisladores.
Este lunes la Procuraduría General de la República explica –en un comunicado– que tras ponderar la exposición presentada por un grupo de diputados han decidido también presentar una providencia cautelar
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