Madrid, 31 de enero.

La infanta Cristina, la hija menor de los reyes de España, recibirá un trato diferente de los tribunales españoles, al permitirle su arribo en auto y no a pie en los juzgados en Palma de Mallorca, sin tener que enfrentarse públicamente a la prensa o a los ciudadanos el próximo 8 de febrero, cuando deberá declarar en un caso de corrupción.

La infanta está imputada en los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en el marco de la investigación abierta contra su marido, Iñaki Urdangarin, y se convertirá en la primera y única integrante de una casa real europea en funciones en comparecer ante un tribunal en calidad de inculpada.

El llamado caso Noos, por el nombre de la empresa que creó Urdangarin para blanquear dinero público y conseguir contratos de diversas administraciones a cambio de trabajos que nunca realizó, se inició algo más de cinco años en los que se descubrió un trama delictiva en la que están involucrados empresarios, funcionarios públicos de varias administraciones –sobre todo las gobernadas por el Partido Popular (PP).

Tras una larga investigación y a pesar de la oposición de la fiscalía para que testificara la hija del rey Juan Carlos –quien es copropietaria de dos empresas en las que se centra la investigación–, el juez instructor José Castro la citó a declarar.

Pero las condiciones de su comparecencia son responsabilidad del juez decano de Palma de Mallorca, Francisco Martínez Espinosa, quien decidió que no accediera a los tribunales de a pie, como el resto de los imputados o testigos, sino que recorriera en automóvil la rampa que da accesos desde la calle al edificio, y argumentó estrictas medidas de seguridad.

Su decisión tuvo como base un supuesto informe policial en el que se alude a grupos hostiles, a la gran repercusión en las redes sociales y a la relevancia del personaje.

Tanto el gobierno del presidente Mariano Rajoy como los dos principales partidos: el oficialista PP y el Partido Socialista Obrero Español –ambos monárquicos–, defendieron la tesis del juez y se felicitaron de la protección y trato de favor que recibirá Cristina.

Izquierda Unida (IU, republicano) se mostró contraria al escarnio público de cualquier ciudadano, pero lamentó que con esta medida excepcional se vuelve a definir que la justicia no es igual para todos en este caso.