Si bien la nueva Ley de Geolocalización pretende ser una herramienta en el combate al crimen organizado, la extorsión y el secuestro, podría convertirse en un cheque en blanco que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entregado al Ministerio Público, así como propiciar la violación de derechos humanos, dijeron ayer especialistas de la Universidad Iberoamericana.Agregaron que la ley atenta contra las garantías constitucionales, además de ser un argumento de emergencia que busca solventar el problema de la inseguridad, aunque sólo hace evidente la incompetencia del Estado para actuar de forma preventiva. La académica Sandra Salcedo dijo que existe el riesgo de que sea utilizada precisamente para extorsionar e inhibir la impartición de justicia.