Después de que hace un año diversos pueblos y comunidades de Guerrero eligieron a sus policías comunitarias para frenar las acciones de la delincuencia organizada, efectivos del Ejército Mexicano y de las policías federal y estatal han comenzado a hostigarlos e intimidarlos, denunciaron organizaciones civiles de derechos humanos.

Mediante un comunicado conjunto, firmado por más de 30 asociaciones –como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio Montesinos y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario– denunciaron que los militares se han dedicado a acosar a sus guardias comunitarias, sobre todo mediante la instalación arbitraria de retenes.

Hace un año, recordaron los colectivos, pueblos de 14 municipios de la Costa Chica y el centro de Guerrero formaron sus policías comunitarias para detener a los grupos de la delincuencia organizada que secuestran, extorsionan, violan mujeres y cobran cuotas ilegales.

A partir de entonces, dijeron, en un solo día se han llegado a instalar siete retenes militares, que se suman a los ya existentes en diversos cruces carreteros, donde los uniformados no permiten el paso de civiles de una comunidad a otra ni en coche ni a pie, y amedrentan a la población.

La función de las fuerzas de seguridad federales no debe ser la de hostigar y violentar a las comunidades, pues al hacerlo no están cumpliendo con su función de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación y pierde legitimidad ante la población, señalaron.

Por tanto, exigen que el Ejército y las policías federal y estatal respeten el derecho de los pobladores al libre tránsito, la autodeterminación y la asociación pacífica, y controlar a las fuerzas de seguridad para evitar que cometan atropellos contra civiles.