La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) denunció que la madrugada de este martes sicarios de la empresa Gas Natural Fenosa, al mando de Óscar Toral, Héctor Guillén y Ricardo Morales, el primero desde la empresa Constructoral, incendiaron por segunda vez el campamento de resistencia contra la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo en tierras comunales de Juchitán, Oaxaca.

La organización demandó la intervención urgente de grupos de derechos humanos, estatales, nacionales e internacionales y del Alto Comisionado de la ONU para aplicar con todo el rigor las leyes nacional e internacional a los violadores de los derechos humanos e indígenas por la construcción ilegal de la obra citada, con la que su pueblo está siendo cercado de manera inhumana y al mismo tiempo despojado con violencia de los recursos naturales por la instalación ilegal de los parques eólicos.

Por su parte el sacerdote Alejandro Solalinde, mediador entre la APPJ, la Secretaría de Energía (Sener), la empresa Gas Natural Fenosa y el gobierno de Oaxaca, advirtió que puede haber un baño de sangre ante la cerrazón con la que han actuado la empresa y las instancias oficiales, porque los indígenas zapotecas de la APPJ van a defender con su vida sus tierras, ya que incluso el representante del gobierno estatal, Javier Jiménez, puso como condición que no se trate el tema agrario en las negociaciones.

El defensor de derechos humanos informó que su papel de mediador se inició a mediados de 2013 y que en las negociaciones con la Sener han participado la subsecretaria Lourdes Melgar, un representante de la empresa y el citado Javier Jiménez por el gobierno estatal. Algo que quedó establecido en la última reunión que tuvimos en la Sener (en septiembre de 2013) es que no se hizo la consulta que marca el Convenio 169, entonces se requiere que se haga, porque eso es lo que invalida todas las concesiones que el mismo gobierno ha dado para las eólicas (...) de origen está viciado el proceso, por eso es que están tan preocupados, porque saben que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos les van a tumbar todo su proceso y le darían la razón a la APPJ, señaló.

De Javier Jiménez –desconocido como interlocutor por la APPJ– afirmó que está en un conflicto de intereses porque era funcionario en el gobierno de Ulises Ruiz, y al mismo tiempo, siendo notario, legalizó el cambio (de constancias) de terrenos comunales como títulos de propiedad privados, algo para lo que no tenía competencia... Gas Fenosa les llamó propietarios y ya con eso justificó todo lo que tenía que hacer, pero sin hacer la consulta, comentó el sacerdote.