Académicos y organismos no gubernamentales de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de que los cuerpos de defensa rurales puedan volverse grupos paramilitares y que acumulen poder de forma indebida, como ha ocurrido en otros países. El proceso debe llevarse con extraordinario cuidado y mucha cautela, indicaron.

Para René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el acuerdo de institucionalizar a los grupos de autodefensa es muy peligroso, no sólo para Michoacán y el resto de los estados donde hay una alta presencia del crimen organizado, sino para la sociedad en su conjunto.

Veo tres peligros: uno es que mientras el Estado no cumpla con su deber de brindar seguridad la ciudadanía podría optar por armarse, con la idea de que al final los van a legitimar. Dos, las autoridades no han analizado que estos grupos armados quizás posteriormente exijan los mismos privilegios que tenían en la entidad los grupos criminales. Y tres, las afirmaciones de que a estas medidas le seguirán acciones complementarias en la creación de empleo y satisfactores sociales como el de salud, está únicamente en el discurso, pues no se hace nada para generar empresas y reabastecer o regenerar a las que fueron golpeadas por la delincuencia, advirtió.

Jorge Márquez, académico de la UNAM especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas, calificó al modelo como innovador, pues se descentralizan las tareas de seguridad pública y se involucra a la sociedad por medio de colectivos comprometidos. Pero este proceso debe llevarse con cautela para evitar que estas células se conviertan después en paramilitares, dijo.

Javier Oliva, también académico de la UNAM, consideró que si bien estos grupos rurales pueden ayudar a resolver la crisis en Michoacán, se debe poner especial atención en el adiestramiento y capacitación de dichas fuerzas.

En sentido contrario, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia advirtió que esta estrategia puede significar un intento de controlar el crimen organizado mediante dichos grupos, que podrían estar menos sujetos a los marcos legales.