Como parte del desahogo acelerado de quejas que ha tenido en las últimas sesiones antes de desaparecer, el Instituto Federal Electoral (IFE) pretende exculpar mañana al actual presidente, Enrique Peña Nieto, al PRI y a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) por la presunta compra y coacción del voto a través de tarjetas Soriana. El argumento central es que no hubo violencia o presión comprobada para obligar a votar por el candidato priísta.

En el dictamen que fue circulado sobre las quejas promovidas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) en la fase final de la campaña de 2012, el dictamen parte de la premisa de que coacción implica ‘‘la fuerza física o moral operando sobre la voluntad, anula la libertad de obrar de las personas’’. Premisa que para el caso no es corroborada, entre otros aspectos, porque incluso un video presentado como prueba en la que se involucraba directamente a candidatos, fue desvirtuado ‘‘porque estaba editado’’.

En torno a uno de los puntos clave que presuntamente modificaron la elección, en la compra y coacción del voto –más allá del delito electoral–, el dictamen concluye que ni Enrique Peña Nieto, ni el PRI, ni la CTM, ni Soriana son responsables de falta alguna en la triangulación denunciada por la coalición de izquierda en la fase final de la contienda.

Puntualiza: ‘‘Es evidente que la conducta descrita no se ajusta a lo analizado’’ en las denuncias que involucraban a gobiernos de extracción priísta que firmaron contratos con Soriana, así como del PRI y CTM con la misma empresa. El dictamen considera que los convenios establecidos entre la empresa y los gobiernos tienen validez legal, porque se concretaba a la ‘‘distribución física de los productos a los titulares de los contratos en los centros para tal fin o las bodegas’’.