Tepalcatepec, Mich., 27 de enero.

Con una sonrisa de oreja a oreja, y en medio de apapachos a granel, el productor de limón Hipólito Mora, primero en levantarse en armas contra Los caballeros templarios, celebra el acuerdo.

–¿No que no iban a ser policías? –se le dice.

–Yo desde el principio dije que sí.

–¿Por qué aceptar? ¿Por qué un acuerdo en estos términos?

–Porque entre nosotros hay problemas. Es una manera de empezar a filtrar –dice sin dar más detalles.

Poco después, ya en el acto con las altas autoridades, el comandante de Buenavista conocido como El Cinco habla brevemente para sugerir a todos, gobierno y autodefensas, ‘‘vigilar a los mandos’’.

Asoman la cabeza los conflictos intercomunitarios, se diría.

–¿Y el desarme?

–No, de eso nada –remata el limonero Hipólito.

Desde el sonido, una mujer pide que se forme una valla para dar la bienvenida al comisionado federal para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y al (formalmente) gobernador Fausto Vallejo. Nadie se mueve de debajo de la generosa sombra de un huizache.

Llegan comisionado y gobernador. Reparten abrazos. El sitio de honor es para el funcionario federal (‘‘no me importa que digan que cedo soberanía’’, dirá, resignado, Vallejo).

Una joven mujer pide a gritos que los hombres ‘‘tengan güevos’’ y las mujeres ‘‘ovarios’’.

Mientras los funcionarios y los líderes se acomodan para los discursos y la firma del acuerdo, la mujer no para: ‘‘Vienen a firmar un convenio, ¿de qué? Si aquí no hay médicos, ni medicinas, ni educación. ¡Cobardes! ¡Criminales de cuello blanco! ¡Resuelvan los asesinatos de los jóvenes!’’

Unos le piden tímidamente silencio, pero otros dicen que tiene derecho a expresar su coraje. La mayoría, a juzgar por los ulteriores abucheos, comparte varias de las cosas que dice.

‘‘Ya no queremos más muertes ficticias’’

Castillo lleva la voz cantante. Da la palabra al gobernador, quien contesta con unas frases. Luego a María Elena Morera, que viene en calidad de ideóloga del gobierno, y se larga un discurso en defensa del mismo gobierno: ‘‘Tienen que volver a confiar en la autoridad’’, aconseja. La abuchean y le gritan ‘‘¡fuera!’’. Sin perder la sonrisa Colgate, endereza su discurso para la audiencia y dice que si el gobierno federal no cumple ella se sumará a las autodefensas.

Desde gayola un hombre grita: ‘‘Estamos así por gente como esta señora’’.

Castillo sugiere que hablen los líderes de las autodefensas, pero sólo nombra a uno: Martín (Barragán), de Tepalcatepec: ‘‘Queremos dar un voto de confianza a las autoridades’’.

Cumplida la cortesía, informa que ‘‘se nos propuso hacer una tregua, de no avanzar hasta que no nos legalicemos’’. Y se va de frente: ‘‘No queremos limpiar solamente los municipios donde estamos, sino todo el estado’’.

Los funcionarios no hacen gestos.

Barragán se despacha en grande: ‘‘Ya no queremos muertes ficticias’’, dice, en alusión a Nazario El Más Loco Moreno, dado de baja por Felipe Calderón y de alta por la voz popular.

El comisionado Castillo –aquí le recuerdan su papel en el caso Paulette– habla del largo distanciamiento entre el Estado y la sociedad civil de la entidad. Afirma que esa distancia fue aprovechada por una ‘‘organización hegemónica’’ que se hizo cargo de tareas exclusivas del Estado y que, en consecuencia, ‘‘el Estado, el gobierno, perdió base social’’.

El hombre de las confianzas del presidente Enrique Peña Nieto es pródigo cuando elogia la valentía de las autodefensas, para enseguida afirmar que se requiere más valor ‘‘y altura de miras’’ para ‘‘institucionalizarse’’. Antes de dar lectura a los ocho puntos del acuerdo, el mexiquense destaca el ‘‘objetivo común’’ de ‘‘combatir frontalmente a la delincuencia organizada’’ y asegura que el gobierno y sus nuevos aliados deben dirigir sus baterías a la reconstrucción no sólo del tejido social, sino también ‘‘del ámbito institucional’’.

La nube de Vallejo y el futuro de los comunitarios

Toman la palabra, en cascada, líderes de las autodefensas y autoridades municipales.

Estalisnao Beltrán, Papá Pitufo, pide que se incluya en los acuerdos la indemnización a las familias de los policías comunitarios caídos.

El alcalde de Tancítaro, Salvador Torres, reprocha que los delincuentes sigan sueltos y se gana una ovación acompañada de gritos de ‘‘¡queremos cabezas!’’ A esas horas, la prensa ya sabe que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha informado a los diputados del PRI de la aprehensión de uno de los principales líderes de los templarios.

El comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, ve burro y aprovecha el viaje: informa de la detención de Dioniso Loya Plancarte, El Tío, y ofrece un expediente con las fotografías de los 182 apresados en las últimas semanas. El Tío, por cierto, también había sido dado por muerto, pero revivió en un video difundido en Youtube, donde retó a duelo a Hipólito Mora:

‘‘¿Dónde está El Muerto?”, grita alguien. Y la lideresa de Tepalcatepec Beatriz Sandoval aprovecha para solicitar al supremo gobierno que ‘‘se haga lo procedente’’ en virtud de que Nazario Moreno ya fue declarado oficialmente fallecido ‘‘y a nadie se puede matar dos veces’’.

Sólo el comisionado Castillo y el general Daniel Velazco –nombrado jefe de la 12 zona militar apenas en diciembre pasado– se han salvado de los abucheos. Se lleva la peor parte el general Miguel Ángel Patiño, jefe de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán.

‘‘A ese general le entregaron a unos sicarios y al día siguiente los soltó’’, dice un anciano que se empeña en contar una y otra vez las atrocidades cometidas por los templarios.

En ese dato está uno de los primeros escollos del acuerdo, pues el registro de las autodefensas tendrá que hacerse en las instalaciones de esa zona militar. Sólo que los comunitarios se niegan a apersonarse en Apatzingán si antes no se les permite ‘‘limpiar’’ esa, la principal ciudad de la Tierra Caliente.

En su nube, el gobernador Vallejo anuncia algunas obras menores en la región. ‘‘Ya hubieran querido otras administraciones el apoyo que estamos recibiendo’’.

Le empañan el discurso intervenciones como la de la alcaldesa Lucila Barajas, quien mira de frente a los generales: ‘‘En Parácuaro no son bien recibidos, porque me mataron a dos civiles’’ (en los hechos ocurridos en Antúnez, el 13 de enero pasado).

A 70 kilómetros de Apatzingán y 255 de Morelia, la junta se convierte en un rosario de demandas y quejas. Escuelas sin aulas, carreteras prometidas que nunca se hicieron, apoyos que nunca llegaron, se suceden en las intervenciones. La gente que escucha los discursos agrega falta de medicinas, de médicos, de escuelas y apoyos a la producción agrícola. Un paquete que subraya la ausencia de Estado aludida por el comisionado Castillo.

En los cien metros que van del punto donde aterrizan los helicópteros al local de la central ganadera hay más armas que en un cuartel militar de los grandes. Es todo lo que hay hasta ahora en esta población, que se alzó el 24 de febrero del año pasado.

Con el acuerdo, el gobierno abre la válvula y se adornará con la ‘‘institucionalización’’, pero falta un largo trecho por andar.

Mientras los líderes negociaban, y mientras firman el acuerdo, los comunitarios siguen con su lento avance, según reportes de las autodefensas que hoy dan por tomada Peribán.

Cierra con su sonrisota Hipólito Mora: ‘‘Tarde o temprano vamos a estar en todo el estado’’.