a fotografía puede consultarse en Internet. En Olinalá, un rozagante Ángel Aguirre alterna con los líderes del movimiento ciudadano que libró del narcotráfico a ese pueblo de la Montaña, entre quienes destaca por su frescura y su sonrisa sincera Nestora Salgado García. El encuentro ocurrió cuando el gobernador de Guerrero acudió a Olinalá para reconocer el esfuerzo, que calificó de heroico, de los olinaltecos que tomaron en su manos la seguridad ante la complicidad de las autoridades con los narcotraficantes.

Hoy Nestora está lejos de esa habitación y de su pueblo; también de la risa de ese día. Se encuentra encerrada en una cárcel federal en el estado de Nayarit. La procuraduría de justicia del mismo gobernador que, emocionado, estrechó su mano, fabricó una acusación en su contra.

Entre agosto y diciembre de 2013, el gobierno del estado de Guerrero ha ejercitado acciones penales contra 68 personas vinculadas a las policías comunitarias; 13 de ellas permanecen privadas de la libertad y tres se encuentran en penales federales de alta seguridad. La gran mayoría participaron en esquemas de policía comunitaria que, en su momento, fueron reconocidos como interlocutores y actores relevantes por el gobierno estatal.

Como se ha puesto de relieve tras la reciente intervención del gobierno federal en la crisis michoacana, el surgimiento de las policías comunitarias y las autodefensas sólo puede entenderse como correlato de las omisiones y acciones del Estado mexicano. En Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó respecto de las primeras la indiferencia de los gobiernos frente a la pobreza y la violencia impune que prevalece en el campo guerrerense; en cuanto a las segundas, describió cómo el gobierno estatal apoyó activamente el surgimiento de las autodefensas y señaló que, en el caso de la policía comunitaria indígena, incluso existe en la entidad una ley –la 701– que le reconoce entidad jurídica.

El nacimiento de los movimientos de autodefensa al amparo de los gobiernos estatales y la incuestionable legalidad de la Policía Comunitaria indígena de Guerrero bastarían para poner en duda la pertinencia política y legal del encarcelamiento de sus líderes. Pero tomando en consideración que, además, las detenciones se han derivado de acusaciones carentes de toda proporción –los líderes son señalados de delitos gravísimos como secuestro y terrorismo–, con violaciones flagrantes al debido proceso –no tuvieron defensa adecuada–, y empleando el traslado a penales federales de máxima seguridad como castigo –uno de los dirigentes indígenas guerrerenses está encerrado en Almoloya, junto a los más peligrosos narcotraficantes–, el uso de la justicia penal en estos casos queda evidenciado en su parcialidad y falta de idoneidad. ¿No sería lo lógico que el Estado mexicano enfocara su aparato de seguridad, justicia y readaptación en la aprehensión y el procesamiento de personas como Enrique Plancarte, presunto líder prófugo de los templarios, y no en líderes comunitarios como Nestora Salgado García?

Incluso la CNDH, siempre calculadora, coincide con esta apreciación, pues señaló en su informe que las autoridades de Guerrero han realizado diversas acciones que aparentan un uso político de la justicia con la finalidad de criminalizar la actuación de ciertos grupos y personas; ejemplo de ello es solicitar el internamiento de la coordinadora de la policía comunitaria en un centro penitenciario alejado de sus familiares.

Esta consideración puede aplicarse en términos idénticos al caso de Michoacán, pues varios integrantes de las autodefensas han sido detenidos y trasladados a penales federales como castigo y para obstaculizar sus defensas. Uno de sus abogados, nuestro apreciado Leonel Rivero, ha puesto con razón sobre la mesa la discusión jurídica sobre el estado de necesidad como causa de justificación de las conductas que se les imputan a los comuneros de Aquila: los campesinos michoacanos habrían infringido bienes jurídicos tutelados por la legislación federal en materia de armas de fuego, para proteger bienes mayores: su vida y la de sus familiares, amenazadas por delincuentes impunes.

Sin duda, como ha señalado recientemente Human Rights Watch, el surgimiento de este fenómeno suscita fuertes cuestionamientos desde una perspectiva de derechos humanos. Pero incluso yendo más allá de esa perspectiva y asumiendo, en lógica de Ministerio Público, que las personas que en Michoacán y Guerrero se sumaron a las autodefensas y a las policías comunitarias durante el último año cometieron alguna conducta ilícita, la misma perspectiva obliga a exigir que sus procesos sean justos, que las conductas que se les imputen guarden proporcionalidad con los hechos, que el contexto de las conductas sea tenido en consideración, que su defensa no se obstaculice y no se confine a los acusados en penales federales de máxima seguridad, donde no pueden acceder materialmente a un contacto fluido con sus familiares y sus abogados. Es tiempo de reconocer que un problema social complejo no puede resolverse con la llana y mecánica respuesta del derecho penal.

Mientras las autoridades federales reconocen como interlocutores a integrantes de las autodefensas michoacanas y cuando un sector importante de la opinión pública enfatiza la relevancia de generar un acercamiento entre el Estado y estos cuerpos, cerca de 100 hombres y mujeres de Michoacán y Guerrero enfrentan acusaciones penales por esta situación y al menos 32 se encuentran privados de su libertad, más de 20 en cárceles federales. Si bien muchas de las acusaciones se gestaron en las procuradurías estatales, ha sido el gobierno federal el que ha convalidado el encierro de los campesinos en cárceles federales de máxima seguridad, bajo endebles argumentos, lo que, en el contexto político y legal actual, sólo puede ocurrir con la anuencia directa del secretario de Gobernación.

Para ser una verdadera política de Estado frente a la irrupción de las autodefensas y las policías comunitarias, la intervención federal en Michoacán debe incorporar una política clara, que pase por la revisión minuciosa de las acusaciones presentadas contra las personas vinculadas a este movimiento y que ponga fin al uso político de las cárceles federales del que han sido víctimas tanto los activistas michoacanos como los guerrerenses. Esa decisión, desde ya, puede tomarla la Secretaría de Gobernación.

De lo contrario, si persiste el doble rasero, será infructuoso que los gobiernos apelen al diálogo con los integrantes de las autodefensas y las policías comunitarias, pues no podrán dejar de sentir que pende sobre ellos la amenaza ejemplificada en el caso de Nestora: esa que advierte que en unos meses, el mismo funcionario que hoy les da la mano puede terminar festejando su encierro en un penal federal.

*Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan AC