La Paz, BCS, 25 de enero.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó al Congreso local iniciar un juicio de procedencia contra los jueces Gerónimo Chávez y Sergio Aguilar, lo que permitiría su desafuero y ejercer acción penal en su contra.

El procurador Gamill Arreola Leal dijo que la solicitud de desafuero contra Sergio Aguilar es para consignar su caso ante un juzgado debido a que fijó una fianza irrisoria al ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y permitió su libertad sin haber garantizado el quebranto millonario que se cometió en contra del patrimonio del gobierno estatal.

El entonces perredista Agúndez Montaño gobernó la entidad de 2005 a 2011, fue detenido y encarcelado en mayo de 2012 acusado de participar en la venta irregular de terrenos del gobierno del estado en el municipio de Los Cabos, por lo que se le fincaron responsabilidades por el presunto delito de peculado.

En diciembre de ese año salió de prisión luego de que el juez Sergio Aguilar reclasificó el delito por el de incumplimiento de un deber legal, catalogado como no grave, por lo que le fijó una fianza de 31 mil 715 pesos.

Mencionó que no hay ningún fondo político en este asunto como resultado de las recientes declaraciones del ex gobernador, quien manifestó interés de participar como candidato en las elecciones que se llevarán a cabo en esta entidad el próximo año.

Explicó que en este momento se le sigue un proceso a Narciso Agúndez y la PGJE no tiene conocimiento de que se haya levantado la suspensión a sus derechos políticos, pero si aspira o pretende ser candidato de algún partido tampoco tiene uno por qué oponerse o andar interesándose en las aspiraciones políticas de cualquier persona.

Puntualizó que el proceso contra el ex gobernador está vigente y se tiene que resolver, aunque no existe un plazo fatal para ello.

Arreola Leal dijo que la petición de desafuero del juez Gerónimo Chávez no tiene ninguna relación con el caso del ex gobernador. Se trata, explicó, de fallas de procedimiento en la ejecución de una orden de aprehensión y la liberación de otra persona, de la cual omitió su nombre.