En Michoacán hay gente que quiere aprovecharse de las circunstancias para empezar a ganar el territorio desde otra perspectiva. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que quienes verdaderamente actúan de buena fe, se sumen al propósito constructivo, mientras los que tienen un propósito delictivo, puedan ser procesados y consignados, afirmó el procurador Jesús Murillo Karam.

Durante una entrevista televisada advirtió que en esa entidad las autoridades federales actuarán con prudencia y con la aplicación cauta de la ley; es decir, donde la ley se eliminó, la tenemos que restablecer poco a poco; lo tenemos que hacer con mucho cuidado; no se trata de generar una matanza, de generar una violencia mayor que la que había; si así cuesta trabajo eliminarla, de otra manera tendríamos otra vez un problema de violencia.

Dijo que en el caso de Michoacán primero se estudió el origen del problema, se vio claro que fue primero un rompimiento del orden jurídico democrático, es decir, cuando se detiene a una cantidad enorme de presidentes municipales, pues prácticamente no se les sustituye con una autoridad, y se genera una ausencia de Estado, de gobierno, que provoca que se empiece a generar justicia por propia mano y que provoca (...) la invasión de grupos de delincuentes, que generan las condiciones que estaban.

En mayo de 2009, la PGR (durante la gestión de Eduardo Medina Mora, y como fiscal del caso Marisela Morales) con apoyo de la Policía Federal detuvo a más de 40 funcionarios del gobierno de Michoacán, entre ellos 10 alcaldes por presuntos nexos con La familia michoacana luego de más de un año de litigio fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

Murillo señaló que, ante la situación que encontró en Michoacán el gobierno de Enrique Peña, se tuvo que “medir claramente cómo íbamos a entrar (...), pero no se dejó el asunto de seguridad, sin tener presencia, presencia relativa, en lo que se estudiaba el asunto, gradual, diría yo, para no generar mayor violencia, que es el punto central de nuestra intervención. Se tomó, se hizo un plan, se generó primero un barrido del corredor, se consolidó la posición del gobierno en el territorio, se aseguró el puerto de Lázaro Cárdenas, que era además una posición (...) estratégica.

Y ahora lo que estamos haciendo es empezar a reconstruir todo el aparato gubernamental, sobre todo el municipal, pero estamos tratando de hacerlo en la forma más respetuosa de los términos democráticos. Desde los presidentes municipales constituidos, que están en condiciones y tienen aceptación, se están restituyendo en sus puntos. En el momento que pueda realizarse un proceso democrático que garantice, que pueda hacerse sin presión de nadie, en ese momento se resolverá solo el problema de grupos que actúan en función que debe ser del gobierno y que está reservada para el gobierno, con sus grupos policiales.