speranza Reyes Aguillón se encuentra presa por haber intentado comprar un cuaderno para su hija con un billete falso de 100 pesos. La Barra Mexicana de Abogados y la fundación Renace han tomado su caso y promueven una solicitud de indulto ante el presidente Enrique Peña Nieto.

El caso ha provocado reacciones locales y foráneas en las que las segundas son ampliamente favorables a que se otorgue el indulto a quien, por una falta que no han considerado grave, se le aplicó una sanción que la llevó a pasar incluso una temporada en las Islas Marías.

En el ámbito local, no obstante, José Mario de la Garza, representante de la Fundación Renace, denunció intentos desde el Poder Ejecutivo para desacreditar el caso de Esperanza y a la propia fundación, a la que se señaló como beneficiaria de subsidios por más de medio millón de pesos.

Ante la reacción foránea favorable, contrasta el regateo local al que se suma el Congreso del estado que, lejos de seguir el ejemplo del Congreso de la Unión que ya se sumó a la petición, parece enfocarse en encontrar una justificación a la sanción aplicada a Reyes Aguillón.

Miguel Maza, diputado panista presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, pasó en una semana de pronunciarse por revisar todos los casos como el de Esperanza a manifestar dudas sobre la inocencia de la inculpada, como si no se cuestionara la desproporción del castigo.

Con ese tipo de pruritos, la Legislatura local ha dejado pendiente su pronunciamiento en torno al caso y, peor aún, sin siquiera referirse a una necesaria revisión y postura ante la laguna legislativa que impide a los jueces aplicar el principio constitucional de que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

Pareciera que, desde el confort de una curul, el tiempo que una mujer padezca una injusticia y se prive a sus hijos de derechos humanos fundamentales no merece más consideración que excederse en ser quisquillosos.