on el telón de fondo de una campaña de desestabilización permanente por parte de la oligarquía argentina y de diversos intereses trasnacionales, el gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer la flexibilización, a partir del lunes próximo, en el control de cambio oficial de la divisa estadunidense, adoptado a finales de 2011, como una medida para contener la cotización del peso argentino que se devalúa frente al dólar. El anuncio implica el levantamiento de las restricciones a la compra de dólares en el mercado oficial –establecidas hace dos años como una forma de contener la fuga de capitales—, aunque por el momento sólo aplicará para las personas físicas.

El calado de esta medida da cuenta de la delicada situación que enfrenta la economía argentina, en la que confluyen las dificultades monetarias y una inflación creciente con los recurrentes intentos de las élites económicas locales por boicotear las políticas económicas gubernamentales adoptadas por Cristina Fernández. Un botón de muestra de ese designio desestabilizador fue denunciado ayer por el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien aseguró que la moneda de su país se encuentra ante un ataque especulativo muy fuerte y acusó en forma particular a la petrolera Shell de adquirir tres millones de dólares a un peso por encima de su valor en el mercado oficial, en una maniobra claramente orientada a provocar una escalada en la cotización de la divisa estadunidense.

Para esos intereses, entre los que se encuentra en sector agroexportador de la nación sudamericana y los principales consorcios mediáticos privados, el escenario de una devaluación del signo monetario pudiera resultar favorable no sólo desde el punto de vista económico, sino también político, en tanto plantea una coyuntura favorable para exigir la Casa Rosada medidas complementarias, como la reducción del gasto público y la consecuente afectación de los programas sociales del gobierno. En el peor de los casos, la modificación de la política cambiaria anunciada por la Casa Rosada podría traducirse en una compra masiva de dólares, con la consecuente alza de los precios de los productos importados y de sectores fuertemente dolarizados, como el inmobiliario, y en una nueva espiral de fuga de capitales que multiplicaría la presión social sobre la administración encabezada por Fernández de Kirchner.

Por lo demás, las tribulaciones argentinas del momento deben verse en el contexto de los empeños del gobierno por proteger a la economía de los movimientos arbitrarios de capitales financieros trasnacionales y de una especulación monetaria presente en todo el planeta, que es capaz de socavar políticas orientadas a promover la equidad distributiva y de vaciar las reservas nacionales de los bancos centrales, como ocurrió en nuestro país en 1995.

El episodio es indicativo, en suma, de las dificultades que experimentan los gobiernos nacionales por preservar y consolidar una soberanía monetaria perdida en el curso del ciclo neoliberal que se abatió sobre toda la región y que en Argentina se tradujo, durante el menemismo, en una dolarización irracional y excesiva que derivó, a la larga, en enormes costos económicos y sociales.