La Ruana, Mich., 23 de enero.

Luego de soportar por más de 10 años las extorsiones, secuestros, robos y asesinatos de Los caballeros templarios, la comunidad michoacana de Felipe Carrillo Puerto –conocida popularmente como La Ruana–decidió ‘‘alzarse en armas’’ contra el cártel en febrero del año pasado, pero la respuesta de las autoridades fue aprehender a decenas de sus pobladores, acusarlos de delitos graves y enviarlos a penales de máxima seguridad de todo el país.

Sin poder entender la razón por la cual defenderse de los criminales es un delito, más aún cuando las autoridades los dejaron solos durante muchos años, en esta localidad del municipio de Buenavista Tomatlán sus pobladores coinciden en un reclamo que expresan de diferentes modos: ‘‘Liberen a nuestros muchachos’’.

Durante una visita realizada ayer a La Ruana por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, los familiares y compañeros de los guardias de autodefensa organizados por Hipólito Mora relataron las historias de terror que vivían de forma cotidiana, las cuales los llevaron a superar el miedo a sus opresores y rebelarse con las armas en la mano.

Entre las decenas de personas que aguardan al ombudsman bajo un pequeño techo donde se guarecen del sol a plomo que cae a media tarde en este paraje de la Tierra Caliente michoacana, se encuentra Rosa Isela Tinoco Cárdenas, madre de Mauricio Díaz Tinoco, uno de los 49 hombres aprehendidos por el Ejército los días 7 y 11 de marzo del año pasado.

‘‘Teníamos 10 o 12 años padeciendo un sinfín de violencia, a merced de los delincuentes. No podía quejarse uno porque los policías municipales venían a agarrarnos y entregarnos a los templarios’’, recordó.

Cuando los pobladores ‘‘se armaron de valor’’ y formaron sus grupos de autodefensa, dijo, ‘‘vienen los federales y nos dicen cómo armar una barricada, cómo agarrar un arma, y ya que agarran confiancita, agarran a nuestra propia gente y se los llevan presos’’ con engaños, diciéndoles que los acompañaran a una ‘‘revisión de rutina’’ en la cabecera municipal.

Luego de preguntar en todas partes, finalmente supo que su hijo y otros de los pobladores de La Ruana habían sido ‘‘desbalagados’’ por el gobierno en varios penales de máxima seguridad de todo el país –entre ellos Puente Grande, Jalisco–, acusados de cargos como delincuencia organizada y terrorismo.

‘‘Mi hijo entonces tenía 18 años y entró de autodefensa por amor de cuidar a su madre. Si nosotros tomamos las armas fue porque no teníamos gobierno que nos apoyara y no nos íbamos a dejar que nos mataran a la familia. Ahora se los llevan a la cárcel y yo pienso que no es de ai’’, reclama.

En medio de las voces que se alzan para reclamar la aprehensión de sus padres, amigos o hermanos –muchas veces en medio de llanto, pero también de gritos de enojo e indignación–, se escucha también la de un hombre que se identifica como Samuel, quien describió ‘‘el infierno de ver cómo todos los días (los templarios) mataban campesinos’’ por no aceptar las cuotas que les imponían los delincuentes.

Otro habitante de La Ruana se suma a sus vecinos para advertir enfáticamente que ‘‘las armas no las vamos a bajar ni a entregar. Las vamos a tener guardaditas por ahí. Nosotros respetamos al gobierno, pero pónganse a nuestro favor. ¿Por qué sólo protegen a los malandros? ¡N’hombre, no la chinguen!’’

El propio Hipólito Mora aseveró que si hoy el gobierno le puso tanta atención a esta zona es por vergüenza de haberla dejado a su suerte durante tantos años; manifestó que los grupos de autodefensa no están vinculados a ningún cártel y reiteró que no van a dejar las armas hasta que no detengan a los líderes del crimen organizado.Tras escuchar los reclamos de los pobladores, Plascencia se comprometió a exigirle a la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República que revisen los casos de todos los detenidos para liberar a quienes no hayan cometido ningún delito.

‘‘Vamos a documentar cada uno de estos casos y voy a tratar el asunto con el secretario de Gobernación. Voy a exigir que se revise con todo cuidado cada uno de los expedientes de las personas detenidas’’, anunció.

En un encuentro previo con los medios, Plascencia consideró que la figura del comisionado especial, Alfredo Castillo, puede resultar positiva y advirtió que el fenómeno de violencia en el estado no va a resolverse en el corto plazo.